La nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

El próximo día 2 de octubre de 2016 entra en vigor con carácter general la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de las dos normas fundamentales en la reforma del ordenamiento jurídico público, que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados. El día 2 de octubre de 2018 entrarán en vigor una serie de normas contenidas en la Ley y relacionadas con la Administración electrónica.

 
Alguna de las novedades más significativas son el establecimiento de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un Registro electrónico general, la creación de un Archivo electrónico único, la posibilidad de los interesados de presentar con carácter general copias de documentos, digitalizadas por el propio interesado o en soporte papel, la introducción del cómputo de los plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, como en el ámbito judicial.

 
Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, se incorpora a todas las fases del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos y se regula el expediente administrativo, estableciendo su formato electrónico.

 
Es importante destacar la norma contenida en la Disposición Adicional Primera de la Ley, relativa a las especialidades por razón de la materia, donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en la Ley, entre las que cabe reseñar las de aplicación de los tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.

Equiparación de las indemnizaciones entre fijos y temporales: una sentencia poco clara.

El artículo 49.1.c) del Estatuto de los trabajadores por el que se excluye a los contratos de interinidad y los contratos formativos del derecho a recibir una indemnización por fin de su contrato, carece de razón objetiva que lo justifique.

 

En este sentido ha fallado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14, Ana de Diego Porras y Ministerio de Defensa) en la que establece que al igual que ocurrió en su momento con los trienios, la indemnización por fin de contrato debe incluirse en las condiciones de trabajo que, en aplicación de la cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio y que establece las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones laborales de este tipo, establece el principio de no discriminación:

 

«Principio de no discriminación: Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”

 

El argumento aportado por el Gobierno en relación con la distinta naturaleza y objeto que inspira a los contratos de interinidad y los a los contratos indefinidos, “en la medida en que la diferencia entre los dos tipos de contrato radica en su duración y en la expectativa de estabilidad en la relación laboral”, no parece convencer al tribunal, desde Luxemburgo se afirma categóricamente que la normativa nacional carece de razón objetiva que permita establecer la diferencia, en este aspecto, con los trabajadores fijos.

 

La exclusión de los contratos de interinidad y de los contratos formativos del derecho a recibir una indemnización a la finalización del contrato carece, desde la perspectiva del Derecho comunitario, de una razón objetiva que permita justificar el trato desfavorable a los trabajadores de duración determinada.

 

 

¿Qué repercusión puede tener esta sentencia?

 

La parte más obvia de la sentencia es el reconocimiento del derecho de los trabajadores interinos a cobrar una indemnización por fin de contrato y, en atención al principio de no discriminación la cuantía, deberá ser la misma que le corresponde a un trabajador fijo ante una extinción por causas objetivas, esto es, en tanto no se produzca modificación al respecto, veinte días por año trabajado.

 

Por el contrario, no es tan clara la situación en la que este fallo coloca al resto de los trabajadores temporales pues, aunque el TJUE analiza el panorama de los contratos de duración determinada de modo general y establece que en la medida en que los trabajadores den cobertura a necesidades de la empresa que sean equiparables tendrán derecho a percibir la misma indemnización por fin de contrato, con independencia de que su  vínculo contractual sea de duración determinada o indefinida, no concreta cuándo considera que esto se produce y tampoco responde expresamente, a diferencia de lo que hace respecto del contrato de interinidad, a la cuestión prejudicial formulada en la que se plantea si los contratos cuya finalización viene determinada por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho determinado, han de percibir a la finalización de su contrato la misma indemnización que correspondería a un trabajador con contrato de duración indefinida.

 

Así, atendiendo a lo que dice el alto tribunal, para valorar la existencia de causa objetiva que justifique o no la desigualdad de trato, debe comprobarse que los trabajadores temporales realizan un trabajo idéntico o similar al que hacen los trabajadores fijos, lo que hace suponer que, cuando menos, los contratos formativos, de prácticas o de aprendizaje queden fuera del ámbito de aplicación de la normativa europea en cuestión.

 

En definitiva, por el momento, queda esperar la actuación del legislador pues, si bien, aunque no se transpusiese la normativa europea interpretada de la manera que marca el Tribunal, se ha creado una vía para reclamar ante los tribunales españoles alegando la existencia de la sentencia, también es cierto que, en tanto no exista otra normativa, los tribunales están obligados a aplicar la legislación actual y entendemos que eso es lo que se hará.

 

 

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de las tasas judiciales

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y consecuente nulidad de la mayor parte de las tasas judiciales que hasta el momento debían abonar las personas jurídicas por considerar que, al ser su cuantía desproporcionada, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE).

 
La sentencia, dictada el pasado día 21 de julio, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y afecta únicamente a las tasas aplicables a las personas jurídicas, puesto que el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, ya había eliminado las relativas a las personas físicas.

 
Concretamente, el máximo intérprete de la Constitución Española anula la cuota variable recogida en el artículo 7.2 de la Ley recurrida, así como las siguientes cuotas fijas establecidas en el artículo 7.1 de la misma:

 

  • En el orden civil, anula la tasa de 800 € para promover los recursos de apelación y la de 1.200 € para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal,

 

  • En el orden contencioso-administrativo, anula la tasa de 200 € para interponer el recurso abreviado, la de 350 € para el ordinario, la de 800 € para el recurso de apelación y la de 1.200 € para el recurso de casación,

 

  • En el orden social, anula la tasa de 500 € para el recurso de suplicación y la de 750 € para el de casación,

 
De este modo tan solo permanecen vigentes las tasas relativas a los siguientes procesos civiles:

 

  • La tasa de 150 € para interponer un procedimiento verbal y cambiario,

 

  • La tasa de 300 € para presentar una demanda de procedimiento ordinario,

 

  • La tasa de 100 € para iniciar un procedimiento proceso monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal,

 

  • La tasa de 200 € para la ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales,

 

  • La tasa de 200 € para la solicitud de concurso necesario.

 
A pesar de ello, la sentencia solo es eficaz para los procedimientos que se insten a futuro, por lo que no procede la devolución de las cantidades ya pagadas hasta el momento.

Obligatoriedad del Registro diario de jornada tanto para contratos de trabajo a tiempo parcial como completo

Análisis de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número. 207/2015, de 4 de diciembre de 2015 y de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 A raíz de la más actual jurisprudencia y de las últimas actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y conforme a sus Planes de actuación para el año 2016, les recordamos la obligatoriedad de llevar a cabo un registro de jornada diario de todos sus trabajadores que deberá afectar tanto a los contratos de trabajo a tiempo parcial como a tiempo completo.

Es conveniente, antes de entrar en el análisis de la sentencia de la Audiencia Nacional, recordar brevemente que, como es sabido, la duración de la jornada diaria del trabajador ha de ser de un máximo de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (art. 34.1 ET). Aquéllas horas que excedan de la duración máxima de la jornada ordinaria tendrán la consideración de horas extraordinarias (art. 35.1 ET).

En este contexto, el artículo 35.5 ET establece la obligación de registrar la jornada diaria de cada trabajador a efectos del cómputo de las horas extraordinarias. Y, respecto de los contratos de trabajo a tiempo parcial, conocido fue el Real Decreto Ley 16/2013 que entró en vigor el 22 de diciembre de 2013 y que da redacción al actual art.12.5.h) ET que exige, con una redacción mucho más clara que el art. 35 ET, el registro de la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial.

En este contexto, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número 207/2015, de 4 de diciembre de 2015, resolvió el debate que se había suscitado respecto de cuál era el presupuesto constitutivo para dar cumplimiento a la obligación consignada en el artículo 35 ET a efectos del cómputo de las horas extraordinarias y del registro de la jornada diaria de los trabajadores a tiempo completo.

Cuestión ésta que entendemos de especial interés en atención a que la mayoría de las empresas no tenían, ni tienen todavía, implantado un sistema de registro de la jornada ordinaria para los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo completo. Tal registro, que en puridad exige el artículo 35 ET, en la práctica, no se venía exigiendo.

En el supuesto sometido a juicio de la Audiencia Nacional en la sentencia objeto de análisis, la mercantil demandada se opuso a la implantación de un registro diario de jornada por considerar que en la misma no se realizaban las horas extraordinarias a que hace referencia el Estatuto y que, sin éste presupuesto constitutivo, no era exigible la obligación empresarial consignada en el artículo 35.5 ET. Sin embargo, la Audiencia Nacional sostiene que el registro de la jornada diaria es la herramienta para asegurar efectivamente el control de las horas extraordinarias y, por lo tanto, el cumplimiento de la jornada diaria pactada con el trabajador. La Audiencia también tiene en cuenta los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al señalar que los funcionarios no pueden controlar si se superan o no los límites de la jornada ordinaria si no existe un registro de la misma.

En conclusión, la Audiencia Nacional sostiene que el registro diario de la jornada de los trabajadores previsto en el artículo 35.5 ET constituye un medio de prueba o herramienta para facilitar la acreditación de la realización de horas extraordinarias pues, sin el citado registro, resulta imposible controlar la realización de las mismas porque solo se conocen en cómputo anual, debido a que la jornada diaria ordinaria puede prolongarse sin que ello de lugar necesariamente a horas extraordinarias.

En esta misma línea, la Audiencia Nacional apunta que la representación de los trabajadores también tiene derecho a ser informada mensualmente por los empresarios de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores y con este motivo a recibir los resúmenes mensuales de las horas efectivamente realizadas. Tal derecho es reconocido en virtud de la obligación de información que recoge la D. A. 3ª RD 1561/1995 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo así como el artículo 64.7 ET que otorga a los representantes de los trabajadores la labor de control del cumplimiento de la normativa laboral.

Es necesario advertir que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva varios meses centrando sus actuaciones en el control de la jornada de trabajo y esta misma tarea se encuentra dentro de los planes de actuación previstos para el presente año 2016.

Por todo ello no debe olvidarse que las empresas a partir de ahora deberán registrar día a día la jornada de cada uno de los trabajadores; haya horas extraordinarias o no, sean a tiempo parcial o a tiempo completo, totalizarlas mensualmente y entregar al trabajador,  junto con la nómina, un resumen de todas las horas realizadas en cada mes, teniendo en cuenta que la representación de los trabajadores puede solicitar también estos resúmenes. Siendo irrelevante a estos efectos que los trabajadores realicen su jornada parcial o totalmente fuera de las instalaciones de la empresa pues, para la Audiencia Nacional, en este caso, “tal circunstancia obliga, con mayor razón, a que la empresa contribuya a la transparencia de su prestación, evitando desbordamientos de la jornada pactada, que nunca podrían acreditarse

Por último, tener en cuenta que la empresa deberá conservar los resúmenes diarios de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años al igual que el resto de la documentación laboral.

 

Participación de Carlos Cotelo y Pilar Ramos en la Jornada sobre los derechos y obligaciones del empresario en las inspecciones tributarias y laborales

Ayer, día 18 de marzo, Carlos Cotelo y Pilar Ramos participaron en la Jornada informativa dirigida al sector del comercio y la hostelería sobre los derechos y obligaciones del empresario en las inspecciones tributarias y laborales organizada por el Instituto Pontés de Promoción Económica.

Nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar a los asistentes las diferentes clases de actuaciones inspectoras, las facultades y prerrogativas de la inspección, además de sus límites, el concepto de domicilio constitucionalmente protegido, los derechos del empresario como contribuyente y empleador, la obligación de colaboración y, por último, las infracciones y sanciones.

Carlos Cotelo y Pilar Ramos participarán en una jornada informativa sobre inspecciones tributarias y laborales

 

El próximo día 17 de marzo, Carlos Cotelo y Pilar Ramos participarán en la jornada informativa dirigida al sector del comercio y la hostelería sobre los derechos y obligaciones del empresario en las inspecciones tributarias y laborales organizada por el Instituto Pontés de Promoción Económica.

 

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La necesidad de adecuar la cobertura de las pólizas de seguros al nuevo baremo de tráfico

Con la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2016 de Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se han introducido importantes cambios en el que tradicionalmente se denomina como baremo de accidentes tráfico, que ocasionarán un considerable aumento de la cuantía de las indemnizaciones en estos supuestos.

Esta modificación tiene mayor trascendencia de la que pudiera parecer pues los tribunales españoles vienen utilizando el baremo de accidentes de tráfico de forma analógica para calcular las indemnizaciones por daños personales en todo tipo de ámbitos, como los accidentes de trabajo, supuestos de mala praxis médica, responsabilidad por productos defectuosos, etc. Así, es previsible que este cambio legislativo también produzca un importante incremento de las indemnizaciones por daños en las personas en toda clase de siniestros.

Por ello, consideramos necesario que todos aquellos sujetos que realicen actividades susceptibles de ocasionar daños personales revisen los límites cuantitativos de la cobertura de las pólizas de responsabilidad civil que tengan suscritas, pues lo más probable es que estos límites estén calculados con base en el anterior baremo.

De lo contrario, se corre el riesgo de que este previsible incremento de las indemnizaciones provoque que, en caso de siniestro, la cantidad necesaria para resarcir a las víctimas supere el límite máximo de la póliza y la diferencia tenga que ser asumida por la persona o personas responsables.

Pablo Parada participó en las Jornadas Técnicas en Auditoría y Contabilidad

El pasado día 18 de septiembre Pablo Parada, socio director del área legal, participó en la IV edición de las Jornadas Técnicas en Auditoría y Contabilidad organizadas por el Colegio de Economistas y el Colegio de Titulados Mercantiles de La Coruña durante las que ofreció a los profesionales del sector una ponencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores y su efecto sobre la auditoría de cuentas anuales.

 

Pablo Parada explicó a los asistentes las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haciendo especial hincapié en los programas de prevención de delitos.

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Los programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el día 23 de diciembre de 2010, introdujo en nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha supuesto que éstas sean sujetos susceptibles de cometer delitos y de ser por ello sancionadas con las correspondientes penas.

 

Los delitos concretos de los que la sociedad puede responder están expresamente determinados en el Código Penal, encontrándose entre los más habituales los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra la intimidad y allanamiento informático, el blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, el cohecho o el tráfico de influencias. Por su parte, las penas que pueden imponerse por la comisión de los citados delitos son, entre otras, la disolución de la persona jurídica, la suspensión temporal de su actividad, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, la inhabilitación para contratar con el sector público, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o la imposición de multas.

 

Pues bien, en relación con lo anterior, el pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal, la cual entró en vigor el pasado día 1 de julio y, entre sus principales novedades, se encuentra una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la que la implantación por la empresa de un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos ‑comúnmente denominados compliance– puede servir, si se cumplen ciertos requisitos, para que la sociedad quede eximida de responsabilidad.

 

De este modo, a partir del día 1 de julio, con la entrada en vigor de la reforma, si la sociedad adopta e implementa, en la forma exigida, un programa de prevención, el efecto eximente se extenderá a cualquier posible supuesto de responsabilidad de la persona jurídica, incluidos tanto los delitos cometidos por los administradores y representantes legales de la sociedad como los cometidos por sus empleados.

 

Para que la sociedad quede exenta de responsabilidad ésta habrá de cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Que se adopten y ejecuten de forma eficaz antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión idóneos para prevenir delitos como el cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

  • Que se cree un órgano para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención con poderes autónomos de iniciativa y de control dentro de la empresa. En las personas jurídicas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada estas funciones de supervisión podrán ser asumidas por el órgano de administración.

 

  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.

 

  • Que haya existido la diligencia debida por parte del organismo para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención.

 

A su vez los modelos de organización y gestión, es decir, el programa de prevención penal, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan cometerse los delitos que deben ser prevenidos.

 

  • Establecer protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a dichos delitos.

 

  • Disponer de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos

 

  • Establecer la obligación de informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilancia.

 

  • Crear un sistema disciplinario para prevenir y sancionar el incumplimiento de sus reglas.

 

  • Contemplar la realización de una verificación periódica del programa.

 

Como conclusión a lo expuesto, cabe realizar las siguientes recomendaciones:

 

  • En el caso de que la sociedad no haya adoptado y ejecutado hasta el momento un programa de prevención de delitos, es recomendable la elaboración del mismo, adaptándolo a la estructura y tamaño de la sociedad así como al sector en el que desarrolla su actividad social.

 

  • En el supuesto de sociedades que ya cuenten con un programa, será preciso revisarlo para comprobar que se adapte a las exigencias de la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal.

 

  • Debe verificarse que la sociedad cumple otras normativas de prevención que pueden tener especial trascendencia en materia penal como es la prevención de riesgos laborales o, en el caso de que sea aplicable, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 

Por lo tanto, la aprobación e implantación del programa resulta fundamental para que la sociedad y sus administradores puedan quedar eximidos de responsabilidad por ciertos delitos que puedan cometerse en el seno de la empresa.

 

En este sentido, estamos a vuestra disposición para asesoraros convenientemente en esta materia y, en su caso, colaborar con vosotros en la confección y puesta en marcha del correspondiente programa.

Los autónomos que trabajan en casa pueden deducirse la parte proporcional de los gastos de suministros

Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un supuesto en el que la Administración  admitió como gasto la parte proporcional de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda (IBI, comunidad de propietarios, etc…),  pero no los gastos de suministros, al entender que los mismos no se destinan exclusivamente al ejercicio de la actividad. Pues bien, el Tribunal falla a favor del contribuyente y considera que dado que se  admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, lo lógico es admitir la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica.

(STSJM de 10 de marzo de 2015)