Webinar: “¿Está tu empresa preparada para el futuro? Planes y tendencias”.

Pablo Parada ha participado esta mañana en el webinar organizado por el IGAPE en el marco del programa Re-Acciona titulado “¿Está tu empresa preparada para el futuro? Planes y tendencias”.

Nuestro compañero explicó las principales dificultades del proceso de sucesión generacional en una empresa familiar y cómo se pueden superar las mismas mediante el establecimiento de un plan de sucesión familiar.

Quienes lo deseen, pueden volver a verlo haciendo click en este link.

la página web del programa Re-Acciona del IGAPE

El próximo día 17 de marzo a las 9:30 nuestro compañero Pablo Parada participará en un webinar organizada por el IGAPE en el marco del programa Re-Acciona titulado «¿Está tu empresa preparada para el futuro? Planes y tendencias».

El objetivo del seminario es dar a conocer los diferentes servicios ofertados por el IGAPE y la AMTEGA de la mano de los prestadores de los mismos, entre los que se encuentra Parada y Cotelo.

El webinar está dirigido al personal directivo y responsable de departamentos de empresas de todos los sectores.

PROGRAMA

// 09.30 Introducción al webinar.

// 09.35 Presentación del servicio de plan de futuro empresarial.

// 09.50 Presentación del servicio de desarrollo de planes de acción.

// 10:05 Presentación del servicio de planes y protocolos de empresa familiar

// 10.20 Ronda de preguntas

// 10.30 Finalización do seminario

Los que estén interesados en asistir al seminario web, podrán confirmar su asistencia mediante un correo electrónico dirigido a [email protected] o mediante la página web del programa Re-Acciona del IGAPE.

Para ver el seminario tan solo es necesario pinchar en el siguiente link: Ver webinar

El polémico artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es de aplicación desde el día 1 de enero de 2017

Tras varios años en suspenso, el controvertido artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es una realidad desde el 1 de enero de 2017.

El artículo obliga a las empresas no cotizadas con más de cinco años de existencia a repartir al menos un tercio de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendo. De lo contrario, los socios pueden reclamar a la sociedad la compra de su participación, ejerciendo así lo que se conoce como derecho de separación.

El fundamento del citado precepto, que fue introducido por la ley 25/2011, es evitar el abuso por la mayoría en los casos que ésta se niega sistemáticamente al reparto de dividendos. La idea, por lo tanto, es evitar que las mayorías de control de una sociedad impongan una política de dividendo cero que perjudique a los minoritarios, mientras esas mayorías obtienen otros réditos de la empresa por estar ocupando puestos directivos o en el órgano de administración.

En cualquier caso, dicho precepto ya es una realidad y afectará a miles de empresas, que se pueden ver forzadas a dar dividendos para evitar el ejercicio del derecho de separación, puesto que, si bien es cierto que la norma no obliga a las empresas a repartir beneficios, la alternativa de la separación puede provocar la posible descapitalización de la empresa, pues se verá obligada a pagar a los socios separados el valor razonable de su participación social en un breve plazo desde su ejercicio.

Entrevista a Pablo Parada para la página web del IGAPE sobre la sucesión en la empresa familiar

El pasado día 22 de diciembre nuestro compañero Pablo Parada concedió una entrevista para la página web del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) dedicada al programa Re-Acciona.

Pablo respondió a una serie de preguntas sobre la sucesión en la empresa familiar y la ayuda convocada por el IGAPE para la elaboración de planes y protocolos de empresa familiar, servicio que presta Parada y Cotelo como empresa colaboradora del IGAPE.

Podéis leer la entrevista completa en la web del IGAPE dedicada al programa Re-Acciona.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de la restitución íntegra de lo abonado por aplicación de las cláusulas suelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado esta misma mañana a favor de la restitución íntegra de lo abonado en exceso por los clientes bancarios que hubiesen suscrito préstamos hipotecarios que contengan cláusulas suelo que sean declaradas nulas.

La sentencia dictada podría suponer que las entidades financieras se vean obligadas a devolver a sus clientes los importes abonados en exceso por aplicación de las cláusulas suelo durante la vida del préstamo y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, como había señalado nuestro Tribunal Supremo y como actualmente sostenían nuestros tribunales de justicia.

El TJUE, sin embargo, ha sentenciado hoy que las entidades deben devolver todo el dinero, pues la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión Europea, puesto que tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la normativa comunitaria.

Participación de Pablo Parada, Carlos Cotelo y Marta Leal en la Jornada técnica del programa Re-Acciona sobre la elaboración de protocolos de empresa familiar

Esta mañana Pablo Parada, Carlos Cotelo y Marta Leal han impartido una jornada sobre la elaboración de planes y protocolos de empresa familiar organizada por el IGAPE en el marco del programa Re-Acciona.

Nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar a los asistentes los principales mecanismos jurídicos para abordar adecuadamente el proceso de sucesión generacional en una empresa familiar y cómo planificar las decisiones que se adopten durante el mismo desde el punto de vista fiscal.

Asimismo, informaron a todos los interesados sobre la existencia del programa Re-Acciona, gracias al cual las PYMEs pueden recibir el servicio de elaboración de planes y protocolos de empresa familiar mediante la ayuda convocada por el IGAPE.

El ICAC sanciona por el incumplimiento de la obligación de presentación de las cuentas anuales

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas ha publicado en el boletín 107 una interesante consulta sobre el régimen sancionador aplicable por el ICAC a una sociedad de capital por el incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y si puede ser denunciado tal incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil por parte del órgano de administración de las sociedades de capital, en el plazo establecido, tiene unas consecuencias que, en síntesis, son: por una parte, el cierre registral para la inscripción de documentos por la sociedad incumplidora (artículo 282); y por otra, la imposición de una multa, previa instrucción de expediente por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (artículo 283), pudiendo oscilar el importe de la multa desde los 1.200 a 60.000 euros.

 

No obstante la Ley contempla una excepción a la sanción de multa por importe máximo de 60.000 euros para aquellas sociedades que tuvieran un volumen de ventas superior a 6.000.000 de euros, elevándose el límite de la multa para cada año de retraso a 300.000 euros, manteniendo así el régimen agravatorio que se incluyó con la modificación del artículo 221 del TRLSA por la Ley 7/1996, de 15 de enero del comercio minorista.

 

A este respecto, en el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en sus artículos 365 a 378, se regula el proceso de presentación y depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil. En particular y en cuanto a las competencias de este Instituto, debe significarse el artículo 371.2 de dicho Reglamento en el que se establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro del segundo mes de cada año, trasladará a este Instituto las listas de las sociedades incumplidoras de la obligación de depositar sus cuentas anuales, durante el año anterior, para la incoación del correspondiente expediente sancionador. En base a la citada lista anual de sociedades incumplidoras este Instituto inicia de oficio los correspondientes expedientes sancionadores a las sociedades incluidas en dicha lista, atendiendo al procedimiento administrativo previsto a estos efectos en la normativa administrativa reguladora de esta materia, que en expedientes iniciados con anterioridad al 2 de octubre de 2016 es el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en los que se inicien a partir de dicha fecha es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

 

De acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, debe señalarse que la presentación de una denuncia, por sí sola, no confiere al denunciante la condición de interesado en el procedimiento que en su caso pueda iniciarse a raíz de la denuncia. Asimismo, hay que indicar que se comunicará al denunciante la incoación del expediente sancionador, que en su caso se inicie, únicamente cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64.1 trascrito. En este caso, hasta la fecha la normativa reguladora del depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil no establece ninguna disposición a este respecto.

 

Jornada técnica del programa Re-Acciona sobre la elaboración de protocolos de empresa familiar

El próximo día 2 de diciembre de 9:45 a 13:00 horas nuestros compañeros Pablo Parada, Carlos Cotelo y Marta Leal impartirán una jornada técnica sobre la elaboración de planes y protocolos de empresa familiar en la sede del IGAPE en Santiago de Compostela.

Durante la jornada abordarán las principales cuestiones tanto jurídicas como fiscales que afectan a la elaboración de planes y protocolos de empresa familiar. Nuestros compañeros explicarán cuáles son los mejores mecanismos que una empresa familiar puede adoptar para afrontar con solidez los cambios generacionales y evitar los conflictos que amenacen su futuro como la planificación de la sucesión, la redacción de normas de incorporación de familiares a los cargos directivos, la regulación del acceso al órgano de administración, la gestión de la jubilación o la optimización fiscal de todas las decisiones que se adopten.

Asimismo, explicarán a todos los asistentes en qué consiste el servicio que los abogados y asesores de Parada y Cotelo prestamos a los beneficiarios del Programa Re-Acciona, ayuda convocada por el IGAPE y financiada por los fondos FEDER sobre la que podéis encontrar más información en anteriores posts.

Desde Parada y Cotelo Abogados y Asesores os invitamos a todos a asistir a esta interesante jornada.

Podéis consultar el programa de la jornada pinchando en el enlace.

Para confirmar asistencia debéis remitir un correo electrónico a [email protected] antes del día 1 de diciembre.

La revista Proyecto Contract publica un reportaje sobre la reforma de la sede de Parada y Cotelo

La revista especializada en interiorismo para instalaciones comerciales, hostelería y oficinas Proyecto Contract ha publicado un reportaje sobre la reforma de nuestra sede que podéis leer haciendo haciendo click en el link.

 

La publicación destaca que la arquitecta Alejandra Quintáns ha creado un espacio luminoso, fresco y vanguardista.

 

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La nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

El próximo día 2 de octubre de 2016 entra en vigor con carácter general la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de las dos normas fundamentales en la reforma del ordenamiento jurídico público, que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados. El día 2 de octubre de 2018 entrarán en vigor una serie de normas contenidas en la Ley y relacionadas con la Administración electrónica.

 
Alguna de las novedades más significativas son el establecimiento de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un Registro electrónico general, la creación de un Archivo electrónico único, la posibilidad de los interesados de presentar con carácter general copias de documentos, digitalizadas por el propio interesado o en soporte papel, la introducción del cómputo de los plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, como en el ámbito judicial.

 
Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, se incorpora a todas las fases del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos y se regula el expediente administrativo, estableciendo su formato electrónico.

 
Es importante destacar la norma contenida en la Disposición Adicional Primera de la Ley, relativa a las especialidades por razón de la materia, donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en la Ley, entre las que cabe reseñar las de aplicación de los tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.