Nulidad del despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal por vulneración del derecho a la integridad física

El despido de personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal es un tema que ha venido generando controversia e interpretación jurisprudencial a lo largo de los años. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada el pasado 14 de septiembre de 2021, ha venido a aportar un interesante enfoque interpretativo sobre vulneración de derechos fundamentales.

En nuestro ordenamiento jurídico la situación de incapacidad temporal no impide extinguir la relación laboral a un trabajador siempre y cuando concurra la causa que se invoque para ello o, en su caso, finalice el periodo de duración de un contrato temporal.

No obstante, en el caso de extinción de la relación laboral por despido, si la causa en la que se funda el mismo no existe o no se acredita, el pronunciamiento habitual sobre ese despido es la improcedencia.

Para que la enfermedad pueda ser base para sustentar la nulidad, ésta debe constituir un elemento de estigmatización de quienes la padecen respecto al resto de trabajadores que prestan servicios en la empresa. A tal efecto, el despido de una persona trabajadora en situación de incapacidad temporal, una vez acreditada la no concurrencia de la causa invocada en el despido, es considerado nulo si se concluye que dicho periodo de incapacidad está incardinado en el concepto de “discapacidad” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende como causa de discriminación, quedando protegido en nuestro ordenamiento bajo el amparo del artículo 14 de la Constitución, relativo al derecho a la no discriminación. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el proceso de incapacidad temporal se entiende asimilable al concepto de discapacidad y, por tanto, el despido efectuado en esta situación es discriminatorio y, en consecuencia, nulo, cuando concurren los siguientes requisitos:

  • Supone un proceso médico de larga duración.
  • Acarrea una serie de limitaciones que impiden la participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.
  • No presenta una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo.
  • Puede prolongarse significativamente antes del restablecimiento.
  • Es conocida por la empresa y se sitúa como causa de extinción del contrato.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 14 de septiembre de 2021, tras realizar un análisis detallado de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo sobre la enfermedad y discapacidad, en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, descarta la nulidad del despido de una trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad temporal por estimar que no se ha producido discriminación por razón de discapacidad. No obstante, el tribunal declara la nulidad del despido por entender vulnerado el derecho a la integridad física.

Así, pese a argumentar que no concurren las circunstancias que establece la doctrina del TJUE que permiten asimilar la incapacidad temporal a la discapacidad, entiende que el despido merece ser declarado nulo por vulnerar el derecho a la integridad física de la trabajadora.

Es decir, llega a la conclusión de que el despido de la trabajadora es nulo por vulneración del artículo 15 de la Constitución Española (derecho a la integridad física), y no del artículo 14 (derecho a la no discriminación), considerando que no estamos ante una vulneración del principio de no discriminación por razón de discapacidad, sino ante la vulneración del derecho a la integridad física, partiendo de que en la sentencia de instancia se demostró que era “política de empresa” despedir a aquellas personas trabajadoras que han estado a menudo en situación de IT.

Argumenta que una política de empresa tendente a despedir a quien ha estado a menudo en situación de incapacidad temporal es un factor de segregación, suponiendo una amenaza genérica y directa, claramente disuasoria para las personas trabajadoras de hacer uso del derecho fundamental a proteger su propia integridad física, de forma que hay una afectación negativa a la salud de los trabajadores. El tribunal condena a la empresa al abono de la indemnización solicitada por la trabajadora en concepto de daños por importe de 18.177,05 euros.

Matiza el tribunal que si se tratase de un hecho aislado no habría vulneración de derechos fundamentales, pero cuando la actuación empresarial se convierte en política de empresa, nos encontramos ante un ataque directo a los derechos constitucionales y laborales de las personas trabajadoras.