El próximo día 2 de octubre de 2016 entra en vigor con carácter general la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de las dos normas fundamentales en la reforma del ordenamiento jurídico público, que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados. El día 2 de octubre de 2018 entrarán en vigor una serie de normas contenidas en la Ley y relacionadas con la Administración electrónica.
Alguna de las novedades más significativas son el establecimiento de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un Registro electrónico general, la creación de un Archivo electrónico único, la posibilidad de los interesados de presentar con carácter general copias de documentos, digitalizadas por el propio interesado o en soporte papel, la introducción del cómputo de los plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, como en el ámbito judicial.
Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, se incorpora a todas las fases del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos y se regula el expediente administrativo, estableciendo su formato electrónico.
Es importante destacar la norma contenida en la Disposición Adicional Primera de la Ley, relativa a las especialidades por razón de la materia, donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en la Ley, entre las que cabe reseñar las de aplicación de los tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
