El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de las tasas judiciales

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y consecuente nulidad de la mayor parte de las tasas judiciales que hasta el momento debían abonar las personas jurídicas por considerar que, al ser su cuantía desproporcionada, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE).

La sentencia, dictada el pasado día 21 de julio, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y afecta únicamente a las tasas aplicables a las personas jurídicas, puesto que el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, ya había eliminado las relativas a las personas físicas.

Concretamente, el máximo intérprete de la Constitución Española anula la cuota variable recogida en el artículo 7.2 de la Ley recurrida, así como las siguientes cuotas fijas establecidas en el artículo 7.1 de la misma:

 

  • En el orden civil, anula la tasa de 800 € para promover los recursos de apelación y la de 1.200 € para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal,

 

  • En el orden contencioso-administrativo, anula la tasa de 200 € para interponer el recurso abreviado, la de 350 € para el ordinario, la de 800 € para el recurso de apelación y la de 1.200 € para el recurso de casación,

 

  • En el orden social, anula la tasa de 500 € para el recurso de suplicación y la de 750 € para el de casación,

De este modo tan solo permanecen vigentes las tasas relativas a los siguientes procesos civiles:

 

  • La tasa de 150 € para interponer un procedimiento verbal y cambiario,

 

  • La tasa de 300 € para presentar una demanda de procedimiento ordinario,

 

  • La tasa de 100 € para iniciar un procedimiento proceso monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal,

 

  • La tasa de 200 € para la ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales,

 

  • La tasa de 200 € para la solicitud de concurso necesario.

A pesar de ello, la sentencia solo es eficaz para los procedimientos que se insten a futuro, por lo que no procede la devolución de las cantidades ya pagadas hasta el momento.