Información sobre la crisis ocasionada por el COVID-19

Desde Parada y Cotelo queremos mantener a todos nuestros clientes informados sobre las normas, interpretaciones y novedades que surjan entorno a la crisis ocasionada por el coronavirus.

A continuación, encontrarán una serie de documentos con información que iremos renovando a medida que se vayan produciendo novedades.

Si tienen alguna duda al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras habituales vías de contacto.

Preguntas y respuestas tras el COVID-19 normativa actualizada a 24 de abril de 2020

Resumen de medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas en el marco de la crisis ocasionadas por el COVID 19

Resumen de medidas estatales en el marco de la crisis ocasionadas por el COVID 19

Circular informativa sobre el Real-Decreto ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 y el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable

Circular informativa sobre el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Información sobre diversas líneas de apoyo a la financiación a empresas y autónomos.

Información línea de avales ICO RDL 8/2020

Circular informativa sobre el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Circular informativa sobre el RD-ley 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 27/06/2020)

 

Información actualizada sobre medidas urgentes impacto coronavirus COVID-19

En atención a las guías y demás documentos publicados, entre otros, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como por las Administraciones Públicas (Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social) y otras organizaciones, en los que se establecen los criterios sobre los que llevar a cabo las medidas laborales y fiscales excepcionales contra el COVID-19 recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se hace necesario destacar las siguientes cuestiones:

  • Protección para autónomos (Art. 17 RD 8/2020): Los trabajadores por cuenta propia que cesen su actividad al quedar sus actividades suspendidas en virtud del Real Decreto o vean reducida su facturación en más de un 75% en relación con el promedio del semestre anterior podrán solicitar una prestación consistente en el 70% de su base reguladora hasta el último día del mes en el que se finalice el estado de alarma. La cuantía de la prestación para autónomos con base mínima será de 661,08 euros y para autónomos societarios 849,87 euros. Es requisito indispensable para acogerse al cese de actividad realizar un ERTE en el caso de que se tengan trabajadores. La fecha de efectos de la prestación será a partir del 15 de marzo. No obstante, la fecha de presentación será desde el 18 de marzo para autónomos cuya actividad esté incluida en el RD 463/2020 y desde el 15 de abril para los que viesen suspendida su actividad o reducidos sus ingresos en un 75%.
  • Medidas sobre adaptación y reducción de jornada (art. 6 RD 8/2020): Frente al derecho a solicitar una adaptación de jornada recogido en el ET, se reconoce el derecho a adaptar la jornada, con el requisito de que esté justificado, sea razonable y proporcional en relación con la situación de la empresa. Se insta a llegar a un acuerdo entre empresario y trabajador.

Asimismo, rebasando los límites establecidos en el ET, se posibilita al trabajador a reducir su jornada hasta el 100% por necesidades de cuidado de familiares con la consiguiente reducción del salario en proporción a la reducción, comunicándola con 24 horas de antelación. En este caso se mantiene la obligación de cotización del empresario.

En ambos supuestos se concederán en atención a medidas excepcionales: necesaria la presencia del trabajador para la atención del cónyuge/pareja de hecho o familiares de consanguinidad hasta el segundo grado que por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesiten de cuidado personal y directo; cuidado de hijos, entre otros supuestos.

  • ERTES por fuerza mayor (Art. 22 y ss. RD 8/2020): se podrán tramitar por esta vía aquellos supuestos en los que las actividades recogidas en el Anexo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara estado de alarma que se vean paralizadas, además de esa lista cerrada, la modificación del RD 463/2020 por el RD 465/2020 de 17 de marzo establece un concepto más amplio y recoge también aquellas actividades que a juicio de la autoridad competente pudieran suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se viene prestando. Además de las actividades señaladas, el RD 8/2020 podría habilitar el ERTE por fuerza mayor, aquellas que estuvieran afectadas por otros mandatos del RD 463/2020 como es la limitación de la circulación de personas en el supuesto que esa limitación impidiera la prestación de la empresa, la falta de suministros que impidan garantizar la continuación normal y la incidencia de la enfermedad en el plantilla, ya sea por riesgo de trabajadores o el aislamiento preventivo (estos últimos supuestos declarados por la autoridad sanitaria).

Presentada la solicitud, la autoridad laboral deberá contestar en un plazo de 5 días y además podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo. En principio, la falta de respuesta en ese plazo implica reconocer la fuerza mayor. Recibida la declaración de fuerza mayor, se hará una solicitud a la TGSS pidiendo la exoneración de las cuotas. La exoneración de cuotas será del 100% en empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de más de 50 trabajadores, siempre que exista compromiso de mantener el empleo durante 6 meses una vez recuperada la actividad normal.

  • ERTES por causa económicas, técnicas, productivas y organizativas: Se reducen los plazos ordinarios del ET tanto para la constitución de la comisión negociadora que será en el plazo improrrogable de 5 días como para el período de consultas que será de 7 días. Si hay representantes de los trabajadores serán ellos parte de la comisión negociadora y si no los hubiera, primero habrá que solicitar la representación a las organizaciones sindicales y, sino se constituye, serán los propios trabajadores quienes elegirán a tres representantes.

Con independencia del ERTE solicitado, si se presentara uno sin incluir a toda la plantilla y después se considerase necesario que el ERTE afecte a más trabajadores habrá que presentar un segundo ERTE dado que el primero no se podrá modificar.

Asimismo, se establecen garantías para los trabajadores afectados por el ERTE como son el reconocimiento del derecho a la prestación por contributiva por desempleo con independencia del periodo de cotización previo y el contador a cero con independencia de tiempo que haya percibido la prestación por desempleo por causa del ERTE.

  • Ampliación de los plazos tributarios que ha de cumplir el contribuyente (Apt. 1, 2 y 3 del art. 33 RD 8/2020): habrá que distinguir tres bloques: 1) plazos de ingreso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración; 2) plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, así como para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación y; 3) plazo para el pago de la deuda tributaria en período ejecutivo tras la notificación de la providencia de apremio.

En los plazos iniciados antes del 18 de marzo y no concluidos a esa fecha se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. En el caso de que los referidos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extenderán hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el plazo otorgado por la norma general fuese mayor (en general, en las deudas tributarias resultantes de liquidaciones de la Administración cuando la notificación tenga lugar a partir del 15 de abril de 2020 y en el caso de providencias de apremio cuando se hubiere notificado a partir del 15 de mayo) en cuyo caso este resultará de aplicación.

Ha aclarado la Agencia Tributaria que respecto de los plazos de ingreso de deudas tributarias de liquidaciones practicadas por la Administración notificadas entre el 16 y 17 de marzo se mantiene su plazo de pago hasta el 5 de mayo (y no el 30 de abril como cabria entender del RD 8/2020).

  • Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas (Apt. 7 del art. 33 RD 8/2020): El plazo para su interposición frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, o hasta que se haya producido la notificación si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento. Si bien la norma no incluye expresamente los plazos de recurso iniciados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (salvedad a la disposición transitoria tercera). La Agencia Tributaria ya ha aclarado que la ampliación de plazo para interponer un recurso o reclamación económico-administrativa también se extiende a los plazos notificados antes del 14 de marzo. Por ello, para los actos o resoluciones notificados a los contribuyentes antes del 14 de marzo, el plazo se iniciará de nuevo el 1 de mayo o bien el día siguiente al que pierdan vigencia las posibles prórrogas del Real Decreto 463/2020, en caso de que ese día fuera posterior al 1 de mayo.
  • Plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones: La Agencia Tributaria ya ha declarado que no hay suspensión (ni ampliación de plazo), para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Sin perjuicio de lo dicho, algunas CC.AA. ya han aprobado la suspensión de plazos para presentar las autoliquidaciones de los tributos que tienen cedidos (Madrid, Andalucía, entre otras).

Nueva convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia para la elaboración e implantación de planes de igualdad

La Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia publicó el pasado día 24 de enero de 2020 en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial (RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2020.

 

Con el objetivo de fomentar, entre otras cuestiones, la igualdad de género en el ámbito laboral, el Gobierno gallego subvenciona la elaboración e implantación de planes de igualdad en los términos y ámbitos definidos en el artículo 68 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, tanto de forma voluntaria como en cumplimiento de la obligación de un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa.

 

Los planes de igualdad persiguen la desaparición de la discriminación por motivos de género en las empresas, lo que supone una importante reducción de los conflictos internos y una mejora a nivel reputacional.

 

Resulta de especial trascendencia a estos efectos recordar que los planes de igualdad serán obligatorios en los próximos años para las empresas de más de 50 trabajadores en aplicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Concretamente, dicha norma prevé los siguientes plazos para la aprobación de dichos planes de igualdad:

 

  • Las empresas de más de 150 y hasta 250 personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad, el cual finalizará el 7 de marzo de 2020.
  • Las empresas de más de 100 y hasta 150 personas trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad, esto es, antes del día 7 de marzo de 2021.
  • Las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años para la aprobación de los planes de igualdad, que terminará el día 7 de marzo de 2022.

 

Asimismo, durante los últimos años han adquirido una gran trascendencia en materia de contratación pública, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que su implantación supone una gran ventaja competitiva para las empresas que contratan habitualmente con las distintas administraciones públicas y para la contratación con grandes corporaciones.

 

Dada la importante trascendencia de los planes de igualdad para las empresas, desde Parada y Cotelo estamos a su disposición para elaborar e implantar un plan de igualdad con el que avanzar en materia de igualdad de género en el ámbito laboral, beneficiándose de la ayuda que la Xunta de Galicia otorga para ello.

  

Requisitos de los solicitantes

 

Las bases establecen los siguientes requisitos para los beneficiarios de esta línea de ayudas:

 

1.- Las empresas solicitantes podrán ser pymes (empresas de menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda los 43 millones de euros) o autónomos que tengan suscritos contratos con trabajadores por cuenta ajena, con domicilio social y centro de trabajo en Galicia, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén válidamente constituidas en el momento de presentar la solicitud de la ayuda y que cuenten con un mínimo de 10 trabajadores.

 También podrán solicitar la ayuda las empresas con agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en Galicia que tengan contratados en esta comunidad autónoma un mínimo de 10 personas.

 2.- Las entidades solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de Seguridad Social y no estar pendientes del pago de ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración general de la comunidad autónoma con anterioridad a la propuesta de resolución, así como antes de las correspondientes propuestas de pago.

 3.- Las empresas solicitantes podrán encontrarse en alguno de los dos supuestos siguientes:

    • Empresas que implanten de manera voluntaria un plan de igualdad en los términos exigidos para los planes legalmente obligatorios. A estos efectos, se entenderá voluntaria la implantación de un plan cuando la empresa lo pacte con la representación legal de los trabajadores.
    •  Empresas que implanten el plan de igualdad en cumplimiento de la obligación establecida en un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa.

 4.- Deberán cumplir los requisitos generales exigidos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

 5.- En el caso de grupos de empresas, o empresas vinculadas, solamente se podrá presentar la solicitud de ayuda por una única empresa.

 

Cuantía de la ayuda

 

La ayuda presenta cuatro modalidades distintas. En función de cuál de ellas se solicite, la ayuda ascenderá a las cuantías que a continuación se señalan:

 

  • Hasta el 80% del coste del proceso de diagnosis previa de la realidad de la empresa, con un máximo de 3.000 € en las empresas de hasta 20 trabajadores y hasta 5.000 € en los demás supuestos.
  • Hasta el 80% del coste de la elaboración del plan, con un máximo de 1.500 € en las empresas de hasta 20 trabajadores y hasta 3.000 € en los demás supuestos.
  • Hasta el 80% del coste de implantación de las medidas prioritarias previstas en la primera fase del plan de igualdad, con un coste máximo de 1.000 € en las empresas de hasta 20 trabajadores y hasta 2.000 € en los demás supuestos.
  • Una cuantía de 12.000 € por la contratación como mínimo de un año de una persona experta en igualdad.

 

La solicitud podrá formularse por la diagnosis, elaboración e implantación de las medidas prioritarias del plan de igualdad (a, b y c), en cuyo caso la cuantía de la ayuda podrá ascender, como máximo a 5.500 € en las empresas de hasta 20 trabajadores y 10.000 € en los demás supuestos.

 

Plazo y presentación de solicitudes

 

Las solicitudes pueden deben presentarse a través la sede electrónica mediante el formulario normalizado. El plazo finaliza el día 24 de febrero de 2020.

 

La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la siguiente:

 

  • Copia de escritura de constitución de la entidad solicitante que acredite su domicilio social y la representación de la persona que actúa y firma la solicitud.
  • Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa referida a los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presupuesto detallado de los costes para los que se solicita la subvención emitido por una entidad experta en igualdad.
  • Diversa documentación acreditativa de la voluntad de la empresa para llevar a cabo el proyecto en cuestión, que varía en función de la modalidad de la ayuda que se solicite (compromiso de la dirección de la empresa, acta de constitución de la comisión negociadora, entre otros).

 

Podrán financiarse las acciones que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020.

 

Todas las solicitudes de ayuda serán convenientemente analizadas y evaluadas conforme a diferentes criterios (número de personas trabajadoras, sector de actividad, tasa de estabilidad, ubicación, administración ejercida por una mujer e integración laboral de personas con discapacidad). Las empresas que más puntos obtengan serán las beneficiarias de la ayuda.

 

Pueden consultar toda la información relativa a la ayuda en el DOG de 284 de enero de 2020.

 

Si necesitan información adicional sobre los planes de igualdad o sobre la solicitud de la ayuda, pueden ponerse en contacto con nuestras compañeras Pilar Ramos y Marta Leal.

Nueva obligación para las empresas sobre el registro de la jornada diaria de la plantilla

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (ET) estrena un nuevo apartado 9 en el que se regula de forma expresa una nueva obligación dirigida hacia los empresarios. El Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, establece la obligación a todas las empresas de registrar la jornada laboral de los trabajadores. Esta medida exigirá a los empresarios que:

 

  1. Garanticen el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada empleado.

 

  1. Organicen y documenten el registro de jornada, lo que deberá realizarse mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa

 

  1. Conserven durante 4 años los registros, estando a disposición de los empleados, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

 

La primera cuestión que nos planteamos es si esta nueva obligación solo hace referencia al registro de la hora de inicio y fin de la jornada, o también hace referencia a las interrupciones que se produzcan a lo largo del día, como por ejemplo a la hora de la comida. Realmente para cumplir con el objetivo de esta obligación, que sería conocer el cómputo real de las horas trabajadas, sería necesario registrar todos y cada uno de los descansos, ya que sino en este cómputo se sobrepasaría los límites que se establece para la jornada de trabajo. Ante esta cuestión, el ET no hace ninguna referencia.

 

Ahora bien, en relación a cómo se deberá organizar y documentar el registro de la jornada, el ET no establece ningún modo específico de hacerlo, simplemente señala quién o mediante qué acuerdo se establecerá la organización y documentación de la jornada laboral. En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo establece que es válido cualquier registro que “resulte fiable y se gestione de modo objetivo”. El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada. Es decir, el registro podrá ser analógico, manual o de cualquier forma que se establezca, pero siempre deberá respetar los requisitos de fiabilidad y objetividad.

 

Asimismo, el ET no establece ninguna especialidad en atención al tipo de trabajo ni tipo de jornada, obligando a todas las empresas por igual a acatar la obligación de registrar la jornada de trabajo, y sin tener en cuenta la gran diversidad de puestos de trabajo que existen hoy en día y las diferencias que guardan entre sí en cuanto el tipo de jornada (horarios rígidos/flexibles, jornadas que empiezan en el centro de trabajo y otras que no, teletrabajos, distribuciones irregulares de las jornada, entre otras muchas).

 

Por último cabe recordar que todas las empresas disponen de un plazo de 2 meses desde la publicación del Decreto en el BOE para cumplir con esta obligación, es decir debe llevarse a cabo antes del 12 mayo de 2019. Es importante cumplir con las indicaciones del Real Decreto, como la conservación de los registros durante cuatro años, ya que aquellas empresas que lo incumplan podrán enfrentarse a sanciones que podrán constituir una falta grave, conforme la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, siendo susceptible de una sanción que va desde 626 a 6.250 euros.

Boletín Semanal Laboral 3 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín semanal laboral 3 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín semanal laboral 12 de junio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el  Boletín semanal laboral 1 de junio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín semanal laboral 22 de mayo de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el  Boletín semanal laboral 15 de mayo de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el  Información Laboral Coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Fiscal 3 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín diario FISCAL 3 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín diario FISCAL 2 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín diario FISCAL 1 de julio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín diario FISCAL 30 de junio de 2020

Puede acceder a la información pinchando en el Boletín diario FISCAL 29 de junio de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Supremo rectifica y resuelve que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el prestatario y el Gobierno modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo ha anunciado que ha rectificado la doctrina jurisprudencia fijada en su sentencia dictada el pasado día 16 de octubre de 2018 y que, por lo tanto, resuelve que el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria deberá ser soportado por el prestatario y no por el acreedor hipotecario.

El pasado día 6 de noviembre, tras más de 15 horas de deliberación, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido rectificar y volver a acoger la doctrina jurisprudencial según la cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario.

Esta decisión, que ha sido tomada en una votación con 15 votos a favor y 13 votos en contra, revoca el cambio de doctrina operado por la sentencia de 16 de octubre de 2018 y termina con las posibilidades de reclamación que se habían abierto para aquellos prestatarios que habían abonado el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que revisaba tres recursos directamente afectados por el cambio de doctrina, ha afirmado que el texto de las sentencias se publicará en los próximos días.

No obstante, el Gobierno ha modificado mediante Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”, por lo que a partir de ahora el impuesto deberá ser pagado por el acreedor hipotecario.

El Tribunal Supremo resuelve que en los préstamos con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario

El pasado día 16 de octubre de 2018 la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia que rectifica la doctrina del propio Tribunal y considera que, debido al carácter inscribible de las hipotecas y a que el acreedor hipotecario es el principal interesado y beneficiario en la inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario.

 

Asimismo, el Tribunal anula, por considerarlo ilegal, el contenido del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el cual establece que “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamos con garantía se considerará adquirente el prestatario”.

 

En consecuencia, esta resolución posibilita la reclamación de las cantidades pagadas como impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

 

No obstante, por razones de índole económica y social, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido reunirse el próximo día 5 de noviembre de 2018 para decidir si confirma esta nueva doctrina jurisprudencial, por lo que habrá que estar a la espera de lo que acuerde el Tribunal en la citada fecha.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que regula la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento en caso de vulneración en materia de protección de datos

Esta mañana se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

La referida norma regula la inspección, el régimen sancionador en materia de protección de datos y el procedimiento en caso de vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual entró en vigor el pasado 25 de mayo.

De esta forma, se adecúa nuestro ordenamiento jurídico al RGPD tan sólo en las materias mencionadas y se derogan los artículos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que regulaban las mismas hasta el momento.

Sin embargo, la plena adaptación de la normativa interna al RGPD todavía deberá esperar a que se apruebe la ley orgánica que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

Los aspectos más relevantes del Rea Decreto-ley son los siguientes:

  • Establece la competencia para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y el modo en el que se desarrollará la actividad de inspección.
  • Regula quienes son los responsables de las infracciones en materia de protección de datos, la prescripción de las infracciones y la de las sanciones, asumiendo el régimen sancionador del RGPD.
  • Dispone cómo se llevarán a cabo los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, así como en los cuando investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa española de protección de datos.

La vigencia del mencionado Real Decreto-ley será limitada, pues tan sólo permanecerá vigente hasta que entre en vigor la nueva ley orgánica de protección de datos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que no es discriminatorio contemplar diferentes indemnizaciones por extinción objetiva del contrato indefinido y por extinción del contrato temporal

El Tribunal europeo ha publicado el pasado 5 de junio dos sentencias que rectifican la doctrina establecida en la famosa sentencia de 14 de septiembre de 2016, en la que el Tribunal consideró que discriminatoria la normativa española que establece que los trabajadores con contratos de interinidad no tienen derecho de indemnización alguna por la finalización de su contrato.

 

El debate jurídico en estas dos novedosas sentencias, que dan respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales españoles, se centró en determinar si la normativa española era discriminatoria por contemplar una indemnización de 12 días por año trabajado para los contratos temporales y ninguna indemnización para los trabajadores con contratos de interinidad, en contraposición a la indemnización prevista de 20 días por año trabajado para los trabajadores indefinidos cuando su contrato se extinguiese por razones objetivas.

 

El Tribunal europeo considera que la finalización de los contratos de duración determinada y contratos de interinidad se produce en un contexto “sensiblemente diferente” de aquel en el que la relación laboral de un trabajador fijo se extingue por alguna de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

 

En ambas resoluciones, el Tribunal de Justicia, parte de que tanto en el contrato de trabajo por interinidad como en el contrato de trabajo de duración determinada, las partes conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o acontecimiento que determina su término. Todo lo contrario a lo que sucede en la relación laboral por tiempo indefinido, donde la extinción del contrato resulta de circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que afectan al desarrollo normal de la relación laboral, por lo que la indemnización de 20 días responde a la necesidad de compensar este carácter imprevisto de la ruptura y la frustración de las expectativas legítimas del trabajador.

 

Así, el Tribunal llega a la conclusión, en ambas sentencias, de que “el objeto específico de la indemnización por despido establecida en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”.