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El Tribunal Supremo rectifica y resuelve que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el prestatario y el Gobierno modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo ha anunciado que ha rectificado la doctrina jurisprudencia fijada en su sentencia dictada el pasado día 16 de octubre de 2018 y que, por lo tanto, resuelve que el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria deberá ser soportado por el prestatario y no por el acreedor hipotecario.

El pasado día 6 de noviembre, tras más de 15 horas de deliberación, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido rectificar y volver a acoger la doctrina jurisprudencial según la cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario.

Esta decisión, que ha sido tomada en una votación con 15 votos a favor y 13 votos en contra, revoca el cambio de doctrina operado por la sentencia de 16 de octubre de 2018 y termina con las posibilidades de reclamación que se habían abierto para aquellos prestatarios que habían abonado el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que revisaba tres recursos directamente afectados por el cambio de doctrina, ha afirmado que el texto de las sentencias se publicará en los próximos días.

No obstante, el Gobierno ha modificado mediante Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”, por lo que a partir de ahora el impuesto deberá ser pagado por el acreedor hipotecario.

El Tribunal Supremo resuelve que en los préstamos con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario

El pasado día 16 de octubre de 2018 la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia que rectifica la doctrina del propio Tribunal y considera que, debido al carácter inscribible de las hipotecas y a que el acreedor hipotecario es el principal interesado y beneficiario en la inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario.

 

Asimismo, el Tribunal anula, por considerarlo ilegal, el contenido del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el cual establece que “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamos con garantía se considerará adquirente el prestatario”.

 

En consecuencia, esta resolución posibilita la reclamación de las cantidades pagadas como impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

 

No obstante, por razones de índole económica y social, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido reunirse el próximo día 5 de noviembre de 2018 para decidir si confirma esta nueva doctrina jurisprudencial, por lo que habrá que estar a la espera de lo que acuerde el Tribunal en la citada fecha.

El Tribunal Supremo anula una cláusula de un préstamo hipotecario que establecía un interés de demora del 19% por considerarla abusiva

El Tribunal Supremo anunció esta mañana que ha dictado una sentencia en la que se acuerda anular una cláusula de un préstamo hipotecario que establecía un tipo de interés de demora del 19% por considerarlo abusivo.

Nuestro Alto Tribunal señala en la noticia que ha publicado que estamos ante una cláusula predispuesta que no ha sido negociada individualmente y por tanto sujeta al control de contenido de abusividad. Para realizar ese control ha tenido en cuenta la doctrina del TJUE, según la cual, el límite legal previsto en el art. 114.3 LH no puede servir de parámetro para determinar la ausencia del carácter abusivo de una cláusula. Considera que procede extender el criterio establecido en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los intereses de demora en préstamos personales, a los intereses de demora de préstamos hipotecarios y, por tanto, fija el límite de abusividad en dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado. Por esta razón, declara el carácter abusivo de la cláusula que fija los intereses de demora del préstamo hipotecario en el 19%.

El pleno de la sala considera que la consecuencia de la declaración de abusividad de la referida cláusula es su eliminación total.