El Tribunal Supremo resuelve que es válido iniciar un procedimiento sancionador en materia tributaria antes de que se dicte y notifique al contribuyente el acuerdo de liquidación del cual trae causa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supremo dictó el pasado 23 de julio una relevante sentencia, identificada con el número 1075/2020 (rec. núm. 1993/2019), en la que abordó en casación una cuestión de gran interés, por referirse a una práctica habitual de las Administraciones tributarias, que había suscitado controversia en los últimos años: si la Administración se encuentra facultada, con arreglo al artículo 209.2 de la Ley General Tributaria, para iniciar un procedimiento sancionador en materia tributaria antes de haberse dictado y notificado al contribuyente el acto administrativo de liquidación del cual deriva dicho procedimiento, con especial atención a los casos en que se sanciona el incumplimiento del deber de declarar e ingresar correctamente y en plazo la deuda tributaria u otras infracciones que causen perjuicio económico a la Hacienda Pública, toda vez que la sanción se cuantifica en esos casos en función del importe de la cuota liquidada, como un porcentaje de la misma.

Esta cuestión se encontraba huérfana de un pronunciamiento jurisprudencial que la analizase de forma pormenorizada, pues a juicio del parecer mayoritario de la Sala, su sentencia núm. 298/2016, de 3 de febrero de 2016 (rec. núm. 5162/2010), no se puede considerar precedente del cual extraer criterio acerca del momento a considerar como determinante para la iniciación del procedimiento sancionador.

En este contexto, en su sentencia de 23 de julio de 2020 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que de la literalidad del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria (LGT) únicamente puede inferirse, respecto de la persona o entidad que hubiera sido objeto de un procedimiento de comprobación tributaria (verificación de datos, comprobación limitada, inspección), la existencia de un plazo máximo para dar comienzo al procedimiento sancionador (el de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución resultante de la comprobación). Pero a su entender ni el artículo 209.2 LGT ni ninguna otra norma legal o reglamentaria establecen un plazo mínimo para iniciar el expediente sancionador ni contienen prohibición de iniciarlo antes de que se haya notificado al presunto infractor la liquidación tributaria de la que trae causa la tramitación de dicho expediente.

El Alto Tribunal considera aplicable este criterio respecto de cualquier tipo de infracción tributaria, pero se detiene de modo concreto en el tratamiento atribuible en relación con las infracciones que causan perjuicio recaudatorio para la Hacienda Pública, como es el caso de la tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria (dejar de ingresar en plazo la deuda tributaria). Estima el Tribunal que si bien en ese tipo de infracciones la liquidación constituye presupuesto imprescindible para que se dicte la resolución sancionadora, a su juicio cabe aceptar “la máxima de que sin liquidación no hay sanción, pero no la de que sin liquidación no puede haber inicio del procedimiento tributario sancionador”. Por ello no advierte tacha en que el inicio del procedimiento sancionador pueda producirse aun cuando el expediente de gestión o de inspección no haya finalizado y se estén llevando a cabo actuaciones de comprobación o de investigación.

Esta interpretación no supone, de acuerdo con el criterio mayoritario de la Sala, una vulneración de los derechos a ser informado de la acusación y de defensa del obligado tributario y su aplicación en los supuestos en los que la notificación de la liquidación y de la sanción coinciden temporalmente no implicaría quebrantar el principio general de separación de procedimientos consagrado en el artículo 208.1 de la Ley General Tributaria, toda vez que en esos casos lo que se produce, a su juicio, es una tramitación conjunta en el tiempo (que no confundida, puntualiza el Tribunal) de los procedimientos de comprobación e investigación y del procedimiento sancionador.

Finalmente es preciso señalar que los criterios interpretativos fijados en la sentencia del pasado 23 de julio no han contado con el respaldo unánime de los Magistrados de la Sección Segunda de la Sala, pues frente a la resolución se formuló un voto particular que rechaza la doctrina sostenida por la mayoría, por considerarla errónea. En opinión del Magistrado autor del voto particular, la interpretación efectuada en la sentencia por la mayoría, que habilita la coexistencia simultánea, incluso totalmente paralela, de un procedimiento de comprobación y otro sancionador, dada su mutua y necesaria interdependencia (el de comprobación constituye un antecedente indeclinable del sancionador), “supone contravenir -y arrumbar casi definitivamente-, el principio de separación de procedimientos reconocido en el artículo 208 LGT”, al cual se priva “de todo sentido y razón de ser”.

Considera asimismo que la interpretación mayoritaria “de que el artículo 209.2 LGT, al no prohibir expresamente el inicio del procedimiento sancionador antes de la terminación del previo de regularización, lo permite, contraviene o dificulta significativamente, hasta su virtual abolición, el ejercicio del derecho fundamental, emanado del de defensa y de presunción de inocencia, de la no autoincriminación”. Y concluye que “el núcleo de la sentencia, a la postre, no es otro que el de indicar que nada obsta a la posibilidad que la propia Administración haga sin cortapisas ni trabas lo que ella misma afirma que viene haciendo en el 95 por 100 de los casos” y que “Con el criterio de la sentencia, en cierto modo, se abdica de llevar a su máxima plenitud el principio de control de la legalidad de la actuación de la Administración, así como del sometimiento a los fines que la justifican ( artículo 106 CE), pues se confrontan, para la interpretación del alcance de una norma, derechos fundamentales que se dicen, de forma un tanto apodíctica, no infringidos, con reglas meramente instrumentales de funcionamiento, como la celeridad, la eficacia o la economía”.

El Tribunal Supremo rectifica y resuelve que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el prestatario y el Gobierno modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo ha anunciado que ha rectificado la doctrina jurisprudencia fijada en su sentencia dictada el pasado día 16 de octubre de 2018 y que, por lo tanto, resuelve que el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria deberá ser soportado por el prestatario y no por el acreedor hipotecario.

El pasado día 6 de noviembre, tras más de 15 horas de deliberación, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido rectificar y volver a acoger la doctrina jurisprudencial según la cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario.

Esta decisión, que ha sido tomada en una votación con 15 votos a favor y 13 votos en contra, revoca el cambio de doctrina operado por la sentencia de 16 de octubre de 2018 y termina con las posibilidades de reclamación que se habían abierto para aquellos prestatarios que habían abonado el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que revisaba tres recursos directamente afectados por el cambio de doctrina, ha afirmado que el texto de las sentencias se publicará en los próximos días.

No obstante, el Gobierno ha modificado mediante Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”, por lo que a partir de ahora el impuesto deberá ser pagado por el acreedor hipotecario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que regula la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento en caso de vulneración en materia de protección de datos

Esta mañana se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

La referida norma regula la inspección, el régimen sancionador en materia de protección de datos y el procedimiento en caso de vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual entró en vigor el pasado 25 de mayo.

De esta forma, se adecúa nuestro ordenamiento jurídico al RGPD tan sólo en las materias mencionadas y se derogan los artículos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que regulaban las mismas hasta el momento.

Sin embargo, la plena adaptación de la normativa interna al RGPD todavía deberá esperar a que se apruebe la ley orgánica que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

Los aspectos más relevantes del Rea Decreto-ley son los siguientes:

  • Establece la competencia para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y el modo en el que se desarrollará la actividad de inspección.
  • Regula quienes son los responsables de las infracciones en materia de protección de datos, la prescripción de las infracciones y la de las sanciones, asumiendo el régimen sancionador del RGPD.
  • Dispone cómo se llevarán a cabo los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, así como en los cuando investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa española de protección de datos.

La vigencia del mencionado Real Decreto-ley será limitada, pues tan sólo permanecerá vigente hasta que entre en vigor la nueva ley orgánica de protección de datos.

Principales novedades introducidas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos

El próximo día 25 de mayo de 2018 comienza a ser directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).

 

Si bien está previsto que el legislador español apruebe la modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD) y de su reglamento de desarrollo, esto es, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, dicha modificación se encuentra actualmente en fase de proyecto de ley, por lo que es probable que no llegue a ser aprobada antes del día 25 de mayo.

 

El RGPD supone un cambio importante en el modelo de protección de datos en Europa, pues modifica algunos aspectos del régimen actual y contiene nuevas obligaciones que deben ser aplicadas por cada empresa teniendo en cuenta sus propias circunstancias.

 

A continuación, relacionaremos las principales novedades introducidas por dicha norma:

 

  1. El consentimiento debe prestarse mediante una acción positiva. El consentimiento tácito deja de ser válido, resultando necesaria una acción positiva e, incluso, en el caso de datos sensibles (origen étnico, opiniones políticas, salud, orientación sexual) se requiere un consentimiento explícito. El consentimiento obtenido debe ser verificable.

 

  1. El principio de responsabilidad activa. El responsable y el encargado de protección de datos deberán contar con los medios necesarios para demostrar que cumplen con las previsiones normativas en materia de protección de datos.Con el fin de cumplir este principio, se configuran una serie de medidas, entre las que destacaremos las siguientes:

 

– Medidas de seguridad específicas.

 

– Mantenimiento de un registro de actividades de tratamiento.

 

– El nombramiento de un delegado de protección de datos. En determinados supuestos, será obligatorio el nombramiento de un delegado de protección de datos (entidades públicas, entidades privadas que realicen tratamientos de datos especiales a gran escala o de categorías especiales, como centros sanitarios, docentes,…).

 

– Las evaluaciones de impacto.

 

– Notificación de violaciones o quiebras de seguridad a las autoridades de protección de datos.

 

– La promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación.

 

  1. El derecho al olvido. Los interesados podrán solicitar el bloqueo de los resultados de los buscadores en internet respecto de los datos que se refieran a ellos y resulten obsoletos, incompletos, falsos, irrelevantes y sin interés público.

 

  1. El derecho a la portabilidad. El interesado podrá solicitar a la entidad que esté tratando sus datos que se los entregue en un formato que permita el traslado a otra entidad, incluso de forma directa.

 

 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público

El próximo día 9 de marzo de 2018 entrará en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta norma no sólo supone la derogación del Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos, sino también un cambio normativo importante en la contratación con la Administración pública.

A continuación, expondremos cuáles son las principales novedades de dicha norma.

 

La generalización de la contratación electrónica.

Una de las principales novedades es la consolidación del uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento, en consonancia con el principio de digitalización de las relaciones entre la Administración pública y los interesados que ha consagrado la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta línea, se exigirá la declaración responsable como requisito para contratar, la cual se ajusta al formulario europeo único.

 

Los cambios en los contratos típicos.

Asimismo, se ha producido una reordenación de los contratos típicos. Si bien se mantiene la concesión de obra pública, el contrato de gestión de servicios públicos (en sus cuatro subtipos de concesión, concierto, sociedad de economía mixta y gestión interesada) ha sido sustituido por la concesión de servicios.

Desaparece también el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.

 

El nuevo recurso especial en materia de contratación.

La nueva norma ha suprimido la cuestión de nulidad, aunque sus causas pueden hacerse valer a través del recurso especial de materia de contratación.

Asimismo, se refuerza el recurso especial en materia de contratación ampliando su ámbito de aplicación, pues se reducen las cuantías que dan acceso al recurso y se amplían las actuaciones susceptibles del mismo.

Por último, se habilita a los Ayuntamientos de gran población para que creen un órgano especializado con competencia para resolver estos recursos.

 

Las novedades relativas a las uniones temporales de empresa.

Se incluyen diversas novedades en relación a la regulación aplicable a las uniones temporales de empresa, especialmente en relación a las modificaciones en la composición de las mismas, a las operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad y al concurso de acreedores.

 

Las novedades en materia de prohibiciones de contratar.

Otra cuestión a tener en cuenta es la nueva regulación de las prohibiciones de contratar- Las principales novedades son las siguientes:

  1. Antes de la reforma operada se consideraba una prohibición de contratar haber sido sancionado con carácter firme por la comisión de una infracción grave en materia de “disciplina de mercado”. Tras la reforma, se sustituyó la anterior referencia por la de “falseamiento de la competencia”, y ahora el texto recoge ambas categorías.
  2. En cuanto a la prohibición por haber sido sancionado con carácter firme por la comisión de infracciones muy graves en materia medioambiental, se sustituye el listado cerrado de normas ambientales cuya infracción podía dar lugar a la prohibición, por la siguiente referencia abierta: “por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente”.
  3. La prohibición de contratar por hallarse declaro en concurso de acreedores resultará aplicable salvo que haya adquirido eficacia un convenio “o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos”.
  4. Asimismo, la Ley introduce una nueva causa de prohibición de contratar para las empresas de más de 250 trabajadores que no cuenten con un plan de igualdad conforme a los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres.
  5. Por último, se incorporas las llamadas self-cleaning measures, es decir, la posibilidad de no declarar las prohibiciones de contratar si se acredita el pago o compromiso de pagos de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa, y la adopción de medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones.

 

Las consultas preliminares de mercado.

El artículo 115 de la Ley introduce la posibilidad de que, antes de la licitación, los órganos de contratación realicen estudios de mercado o dirijan consultas a los operadores económicos que estén en activos en el sector.

 

Los nuevos procedimientos de contratación.

La Ley incorpora tres nuevos tipos de contrato en cuanto a los procedimientos de adjudicaciones: el procedimiento abierto simplificado (contratos de obra, suministros y servicios), el procedimiento de asociación para la innovación (casos en los que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores) y el procedimiento de licitación con negociación.

Por su parte, en los contratos menores, se rebajan las cantidades para considerarlos como tal, pasando a serlos aquellos con un valor inferior a 15.000 euros para suministros y servicios, e inferior a 40.000 euros, para obras.

 

La nueva regulación de las modificaciones contractuales.

La Ley mantiene la distinción entre modificaciones previstas en el pliego y modificaciones no previstas. Las primeras aumentan en requisitos, de manera que, además de cumplir el resto de prescripciones del artículo 204, las modificaciones no podrán superar el 20% del precio inicial, introducir nuevos precios unitarios no previstos ni alterar la naturaleza global del contrato.

En cuanto a las modificaciones no previstas en los pliegos y aquellas que, aun estándolo, superen los límites indicados deberán ajustarse a unas nuevas reglas que flexibilizan las introducidas en 2011 por la Ley de Economía Sostenible. Estas modificaciones deberán limitarse a introducir las variaciones indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias, debiendo constar acreditada la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos:

  1. la necesidad de añadir prestaciones siempre que no sea posible cambiar de contratista por razones de tipo económico o técnico, y que la modificación no supere el 50% del precio inicial (IVA incluido).
  2. la concurrencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación siempre que las modificaciones no hubieran podido ser previstas por una Administración diligente, que no superen en conjunto o aisladamente con otras modificaciones imprevistas, el 50% del precio inicial (IVA incluido) y no alteren la naturaleza global del contrato.
  3. que la modificación no tenga carácter sustancial.

 

Las novedades en materia de sucesión del empresario y cesión del contrato.

Otra novedad importante es que la nueva Ley exige que la posibilidad de cesión esté prevista en los pliegos como opción inequívoca, puesto que, en caso contrario, no será posible aplicarla.

También se prevé expresamente la necesidad de que la empresa resultante comunique al órgano de contratación la circunstancia que se ha producido y que ha conllevado la sucesión, y que la garantía aportada por la primera adjudicataria conserve su vigencia hasta que sea sustituida.

Por último, en las fases concursales, también se prevé que, si se ha previsto en los pliegos, el acreedor pueda, en cualquier momento, solicitar la cesión de la concesión a favor de un tercero si acredita su inviabilidad (presente o futura) y siempre que este tercero cumpla los demás requisitos.

 

Las novedades en materia de subcontratación.

La nueva ley elimina el límite porcentual a los subcontratistas siendo que, a partir de ahora, la norma general será la de subcontratar con los límites que se establezcan en el pliego, el cual, en ningún caso, pueden suponer una restricción efectiva de la competencia.

 

La participación de las pymes.

Una de las principales novedades para favorecer la participación de pymes en procesos de adjudicación públicas es la división en lote de los contratos. El Estado reducirá el importe de los contratos menores, pasando de 50.000 a 40.000 euros las obras, y de 18.000 a 15.000 euros los suministros y servicios. Junto a estas novedades, se apostará por simplificar el procedimiento previo a la licitación y la documentación a aportar.

Otro de los beneficios que tendrá para las pymes es la posibilidad que tendrán los licitadores, siempre que se establezca en los pliego de condiciones de los procesos de adjudicación, de pagar directamente las facturas de los subcontratistas, “con el fin de evitar la lacra de la morosidad” que padecen los organismos públicos, como reconoce la propia normativa en su articulado.

 

La transparencia

Las administraciones públicas están obligadas a publicar todos los trámites que formen parte del proceso de contratación: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación. Estos registros serán abiertos y públicos, en favor de la transparencia.

 

 

 

El Tribunal Constitucional anula parcialmente la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativos al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El Tribunal Constitucional considera que dichos preceptos vulneran el principio constitucional de capacidad económica en tanto en cuanto el gravamen no se vincula de manera necesaria a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.

El Tribunal explica en su sentencia que el objeto del impuesto es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno, por lo que el hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período de tiempo implica el pago del impuesto de manera necesaria, a pesar de que no se haya producido un incremento en el valor del bien o, incluso, cuando se haya producido un decremento del mismo, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir conforme a su capacidad económica, tal y como se establece en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Tras esta sentencia, el legislador deberá modificar la regulación del impuesto de forma que se permita no someter a tributación las situaciones en las que no exista un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

El próximo día 2 de octubre de 2016 entra en vigor con carácter general la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de las dos normas fundamentales en la reforma del ordenamiento jurídico público, que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados. El día 2 de octubre de 2018 entrarán en vigor una serie de normas contenidas en la Ley y relacionadas con la Administración electrónica.

Alguna de las novedades más significativas son el establecimiento de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un Registro electrónico general, la creación de un Archivo electrónico único, la posibilidad de los interesados de presentar con carácter general copias de documentos, digitalizadas por el propio interesado o en soporte papel, la introducción del cómputo de los plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, como en el ámbito judicial.

Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, se incorpora a todas las fases del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos y se regula el expediente administrativo, estableciendo su formato electrónico.

Es importante destacar la norma contenida en la Disposición Adicional Primera de la Ley, relativa a las especialidades por razón de la materia, donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en la Ley, entre las que cabe reseñar las de aplicación de los tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de las tasas judiciales

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y consecuente nulidad de la mayor parte de las tasas judiciales que hasta el momento debían abonar las personas jurídicas por considerar que, al ser su cuantía desproporcionada, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE).

La sentencia, dictada el pasado día 21 de julio, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y afecta únicamente a las tasas aplicables a las personas jurídicas, puesto que el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, ya había eliminado las relativas a las personas físicas.

Concretamente, el máximo intérprete de la Constitución Española anula la cuota variable recogida en el artículo 7.2 de la Ley recurrida, así como las siguientes cuotas fijas establecidas en el artículo 7.1 de la misma:

 

  • En el orden civil, anula la tasa de 800 € para promover los recursos de apelación y la de 1.200 € para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal,

 

  • En el orden contencioso-administrativo, anula la tasa de 200 € para interponer el recurso abreviado, la de 350 € para el ordinario, la de 800 € para el recurso de apelación y la de 1.200 € para el recurso de casación,

 

  • En el orden social, anula la tasa de 500 € para el recurso de suplicación y la de 750 € para el de casación,

De este modo tan solo permanecen vigentes las tasas relativas a los siguientes procesos civiles:

 

  • La tasa de 150 € para interponer un procedimiento verbal y cambiario,

 

  • La tasa de 300 € para presentar una demanda de procedimiento ordinario,

 

  • La tasa de 100 € para iniciar un procedimiento proceso monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal,

 

  • La tasa de 200 € para la ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales,

 

  • La tasa de 200 € para la solicitud de concurso necesario.

A pesar de ello, la sentencia solo es eficaz para los procedimientos que se insten a futuro, por lo que no procede la devolución de las cantidades ya pagadas hasta el momento.

El Tribunal Económico Administrativo Central unifica criterio sobre la motivación de las resoluciones relativas a la culpabilidad del presunto infractor

La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 07036/2015/00/00 de fecha 18 de febrero de 2016 ha unificado criterio en el sentido de que la utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad”, no supone una motivación suficiente en lo que se refiere al elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora. El TEAC entiende que se trata de una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor. La Administración ha de probar, además del elemento objetivo, el subjetivo, la culpabilidad, ya sea a título de dolo o de simple negligencia, porque no es suficiente con que se cumplan los elementos objetivos de la infracción (por ejemplo dejar de ingresar) para que pueda considerarse que existe culpabilidad. El TEAC afirma que cualquier análisis de la motivación debe hacerse desde la posición de la salvaguarda del principio de presunción de inocencia, no pudiendo admitirse interpretaciones contrarias a él.
En la Resolución dictada se impide a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador una vez anulada una sanción por resolución o sentencia por falta de motivación.

El Tribunal Supremo confirma la exención del IBI de un local arrendado por una fundación a un banco

 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de La Coruña que pretendía cobrar el IBI por un local arrendado por la Fundación Barrié al Banco Pastor y ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de anular las liquidaciones por dicho impuesto de los ejercicios 2011 y 2012.

 

Nuestro Alto Tribunal fundamenta dicha decisión en que el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, dispone que estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, sostiene que el arrendamiento de inmuebles no tiene la consideración de explotación económica, no resultando relevante la actividad que un tercero desarrolle en los inmuebles arrendados por la Fundación, sólo estando obligada al pago cuando en ellos realice por cuenta propia una actividad económica no exenta del impuesto sobre sociedades.