Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas

El pasado 29 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (conocida como “Ley Crea y Crece”). La entrada en vigor de esta nueva Ley se producirá, con carácter general, el 19 de octubre de 2022, a excepción de su Capítulo V, que contiene normativa referida a las plataformas de financiación participativa (entrada en vigor el 10 de noviembre de 2022), y de su artículo 12, relativo a las obligaciones en materia de facturación electrónica, que entrarán en vigor al año o a los dos años de aprobarse su desarrollo reglamentario, en función de cuál sea la facturación anual del empresario obligado.

Para alcanzar los objetivos que han motivado su publicación, la Ley 18/2022 se estructura en seis capítulos que contienen, básicamente, cuatro tipos de medidas: 1) medidas destinadas a facilitar la creación de empresas, 2) medidas para eliminar obstáculos a las actividades económicas, 3) medidas para la lucha contra la morosidad y 4) medidas que tienen por objeto facilitar el acceso a la financiación.

A continuación resumimos las novedades más significativas en cada uno de estos cuatro ámbitos.

1) Medidas para agilizar la creación de empresas

1.1) Capital social mínimo en la sociedad de responsabilidad limitada

En primer lugar, la Ley 18/2022 modifica la cifra de capital social mínimo necesario para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Bajo la anterior regulación que establecía el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), el capital social mínimo para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada se situaba en tres mil euros (3.000,00 €).

Con la regulación introducida por la Ley 18/2022, desde el 19 de octubre de 2022 la cifra de capital social mínimo para sociedades limitadas se establece en un euro. No obstante, a fin de que los intereses de los acreedores de la entidad estén igualmente garantizados, al menos, hasta la cifra de capital social mínimo anteriormente exigida (3.000,00 €), se incorporan dos reglas específicas aplicables mientras el capital de la sociedad no alcance la cifra de tres mil euros:

  • Debe destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio del ejercicio hasta que dicha reserva, junto con el capital social, alcance el importe de tres mil euros.
  • En caso de liquidación (voluntaria o forzosa), si el patrimonio de la sociedad así constituida fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, serán los socios quienes respondan de forma solidaria por la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra del capital

1.2) Supresión de dos figuras mercantiles: la sociedad en régimen de formación sucesiva y la sociedad limitada nueva empresa

La novedad anterior ha conllevado que se elimine el artículo 4 bis de la Ley de Sociedades de Capital, precepto que regulaba la posibilidad de que las sociedades de responsabilidad limitada se constituyeran en régimen de formación sucesiva mientras no se alcanzase la cifra de capital mínimo de tres mil euros que se exigía hasta ahora. Con la modificación de la cifra de capital social mínimo, el régimen de la sociedad en formación sucesiva se ha suprimido, por considerar que pierde su utilidad práctica.

A su vez, se ha suprimido el régimen y la figura de la sociedad limitada nueva empresa, hasta ahora regulada por el Título XII de la Ley de Sociedades de Capital. La disposición transitoria tercera de la Ley 18/2022 establece que aquellas sociedades nueva empresa existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 18/2022 pasarán a regirse por las disposiciones reguladoras de las sociedades de responsabilidad limitada, pasando a utilizar la denominación SRL.

1.3) Impulso del sistema de tramitación telemática “CIRCE” y estandarización de las escrituras y estatutos en la constitución de nuevas sociedades

A fin de incentivar una tramitación más ágil y telemática de la constitución de sociedades, la Ley 18/2022 incorpora algunas novedades tendentes a impulsar que los trámites necesarios para la constitución de una sociedad y el inicio de la actividad económica puedan realizarse a través de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), incluido el electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, utilizando el sistema del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE).

Se implanta la obligación para los notarios de informar a los fundadores de sociedades de sociedades de responsabilidad limitada acerca de las ventajas de emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el sistema CIRCE, para su constitución y la realización de otros trámites ligados al inicio de su actividad. Asimismo se refuerza la obligación de los notarios de estar disponibles en la Agenda Electrónica Notarial y en disposición de llevar a cabo la constitución de sociedades a través del CIRCE.

En relación con lo anterior, se regula de manera más exhaustiva la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura pública con formato estandarizado y estatutos tipo, incluyendo modelos simplificados de apoderamientos y aprobando que la publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil esté exenta del pago de tasas.

En lo que respecta a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura pública con formato estandarizado sin estatutos tipo, se establece, entre otras cuestiones, que el plazo que tendrá el Registrador para inscribir la escritura de constitución de forma definitiva en el Registro Mercantil, será de cinco días; los socios fundadores podrán autorizar al notario para que subsane los defectos que pueda advertir el Registrador en la escritura o en los estatutos sociales; y se prevé la habilitación, en cada Registro Mercantil, de un servicio remoto de atención al público en horario de oficina para que puedan realizarse consultas sobre la inscribibilidad de cláusulas o pactos estatutarios.

 

2) Eliminación de obstáculos a las actividades económicas

2.1) Refuerzo de los principios de cooperación, confianza mutua y proporcionalidad

La Ley 18/2022 modifica algunos aspectos de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, y entre cuestiones refuerza los principios de cooperación y confianza mutua entre las autoridades competentes. Expresamente se señala que cuando en relación con una actividad económica concreta, existan normas que, no obstante sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar de protección equivalente en diferentes lugares del territorio español, las autoridades competentes velarán por que un operador económico legalmente establecido en cualquier parte del territorio español pueda ejercer su actividad económica en todo el territorio nacional.

Asimismo, para que las autoridades competentes puedan limitar el acceso a una actividad económica o exigir requisitos para su desarrollo, deben motivar esa decisión en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general y aplicar un test de proporcionalidad, de modo tal que no exista otro medio menos restrictivo a la actividad económica para salvaguardar esa razón imperiosa de interés general.

2.2) Ampliación de las funciones de la Secretaría para la Unidad de Mercado y ampliación de la legitimación activa para interponer reclamaciones

Además de crear la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios (en sustitución del Consejo para la Unidad de Mercado), a la que se atribuyen funciones como el análisis de la situación de la unidad de mercado a nivel nacional, el impulso de los cambios normativos necesarios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado, el seguimiento de los mecanismos de cooperación, etc., la Ley 18/2022 también amplía las funciones de la Secretaría para la Unidad de Mercado.

En relación con el procedimiento para la defensa de la libertad de establecimiento y de circulación previsto en el artículo 26 de la Ley de garantía de la unidad de mercado, cualquier persona, física o jurídica, tendrá legitimación activa para interponer reclamaciones ante la Secretaría para la Unidad de Mercado, en la ventanilla que se establezca a tal efecto, frente a cualquier disposición, acto, vía de hecho, etc. que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación. Si el interesado no estuviese conforme con la decisión que tome la autoridad competente, podrá dirigir su reclamación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que estará legitimada para la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo frente a la disposición controvertida, acto, etc.

2.3) Ampliación del catálogo de actividades económicas exentas de la obligación de obtener licencia previa

Se modifica la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, para añadir actividades al listado de las que, conforme al anexo de la Ley 12/2012, no podrán someterse a la exigencia de obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni de otras similares o análogas.

Las nuevas actividades exentas de la obtención de licencia son, además de las que hasta ahora ya incluía la Ley 12/2012, las siguientes:

  • Alquiler de aparatos de medida.
  • Servicios de limpieza.
  • Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.
  • Servicios técnicos de topografía.
  • Empresas de estudios de mercado.
  • Servicios integrales de correos y telecomunicaciones.
  • Servicios de custodia, seguridad y protección.
  • Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia.
  • Servicios de colocación y suministro de personal.
  • Multiservicios intensivos en personal.
  • Otros servicios independientes, NCOP.

 

3) Medidas para luchar contra la morosidad

3.1) Informe del Observatorio Estatal de Morosidad Privada

Enfocando la lucha contra la morosidad a través de la publicidad de los impagos, la Ley 18/2022 refuerza el deber de seguimiento de la evolución de la morosidad atribuyendo al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada (organismo de nueva creación) la función de elaborar, con periodicidad anual, un informe sobre la situación de los plazos medios de pago y la morosidad en las transacciones comerciales. Asimismo se atribuye al Observatorio la responsabilidad de la publicación anual de un listado de empresas que hayan incumplido los plazos de pago conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales u otra normativa sectorial de aplicación, y en las que, como mínimo, concurran las siguientes circunstancias:

– Que a 31 de diciembre del año anterior el importe total de facturas impagadas dentro del plazo establecido por la Ley 3/2004, o la normativa sectorial que sea de aplicación, supere el importe de 600.000 euros;

– Que el porcentaje de facturas pagadas por la empresa durante el ejercicio anterior en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad sobre el total de pagos a proveedores sea inferior al noventa por ciento; y

– Que se trate de sociedades con personalidad jurídica que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

El listado incluirá la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y las cantidades impagadas dentro de los plazos establecidos por la normativa de morosidad. Reglamentariamente se determinará la información adicional a incluir en su caso, el procedimiento de información y alegaciones para los afectados así como el medio y permanencia de la publicación del listado.

3.2) Deber de información

En materia de pagos a proveedores la Ley 18/2022 amplía el deber de información por parte de las sociedades mercantiles cotizadas y de las no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas, al establecer que deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales, además del período medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas pagadas en un período inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores. Esta información también deberá publicarse en la página web de la sociedad cotizada y, si la tienen, en la página web de la sociedad no cotizada que no presente cuentas anuales abreviadas.

3.3) Contratación y subcontratación en el ámbito del sector público

En el ámbito de la contratación con el sector público, se endurecen las consecuencias del incumplimiento, por los contratistas, de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, cuando quede acreditado, mediante resolución judicial o arbitral firme, que el impago a un subcontratista o suministrador, vinculado a la ejecución del contrato, no viene motivado por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista en la ejecución de la prestación. En ese caso, la penalidad que se puede imponer al contratista incumplidor podrá alcanzar hasta el 5% del precio del contrato y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago, hasta alcanzar el límite conjunto del 50% de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

3.4) Beneficiarios de determinadas subvenciones

Se introduce una modificación en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para establecer como requisito para el acceso a la condición de beneficiario de subvenciones superiores a 30.000 euros, el no encontrarse en situación de incumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta circunstancia se acreditará, por parte de las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, mediante declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención. En cambio, para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación emitida por auditor que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.

Otra novedad que incorpora la Ley 18/2022 en materia de subvenciones afecta al concepto de “gasto subvencionable” previsto en la Ley 38/2003. Así, cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad.

3.5) Facturación electrónica

Una importante novedad que introduce la Ley 18/2022 es la referida a la obligación de que todos los empresarios y profesionales expidan, remitan y reciban las facturas en formato electrónico en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales (relaciones B2B, business-to-business). Como se indicó anteriormente, la entrada en vigor de esta obligación se producirá, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario.

Para el caso de las empresas que presten servicios considerados de especial trascendencia económica (aquellas con más de 100 trabajadores o con un volumen de facturación superior a 6.010.121,04 euros que operan en determinados sectores económicos), cuando presten servicios al público en general (business-to-consumer), y siempre que así lo hayan aceptado o solicitado los clientes, la nueva norma establece que la obligación de expedir las facturas en formato electrónico se mantiene.

Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación, y expresamente se señala que las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios de facturación electrónica a los empresarios y profesionales deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. De la misma forma, las soluciones y plataformas de facturación electrónica propias de las empresas emisoras y receptoras deberán cumplir los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturación electrónica.

Además, los destinatarios de las facturas electrónicas tendrán el derecho a solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales durante el plazo de cuatro años desde que estas fueron emitidas. Y se establece un régimen sancionador para castigar a las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir las facturas en formato electrónico o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas. Estas conductas podrán ser sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial será la competente para imponer estas sanciones.

3.6) Actos de competencia desleal

La Ley 18/2022 añade un supuesto de competencia desleal a la regulación contenida en el artículo 15 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. En concreto, pasa a considerarse desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 

4) Medidas para promover y facilitar el acceso a la financiación

Por último, la nueva Ley 18/2022 incorpora una serie de medidas para promover y flexibilizar los mecanismos de financiación alternativos a la financiación bancaria, tales como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo.

4.1) Plataformas de financiación participativa

Comenzando por las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, la norma modifica la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, introduciendo en la misma un nuevo Título V que sustituye al anterior con efectos desde el 10 de noviembre de 2022, y que pretende adaptar la regulación de estas plataformas al régimen previsto para las mismas en el Reglamento (UE) 2020/1503 y flexibilizar la prestación de servicios por estas plataformas libremente en la Unión Europea.

La Ley señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como la autoridad nacional competente para desempeñar las funciones previstas en el Reglamento (UE) 2020/1503, y establece deberes de colaboración entre esta entidad y el Banco de España.

Por otra parte, conforme a los artículos 3 y 6 del Reglamento, los proveedores de estos servicios de financiación participativa podrán ofrecer un servicio de gestión individualizada de carteras de préstamos e invertir fondos en nombre del inversor, con ciertos requisitos. No obstante, en tal caso, los proveedores deberán facilitar a los inversores una ficha de datos fundamentales de la inversión de la plataforma que contenga los datos exigidos por el artículo 24 del Reglamento, adicionalmente a los del artículo 23, que deben ser facilitados por los proveedores en cualquier caso.

El límite de inversión individual por proyecto para inversores minoristas se establece en el más alto entre a) 1.000 euros o b) el 5% de la riqueza excluyendo bienes inmuebles y fondos de pensiones, pudiendo el minorista invertir una cantidad superior, pero debiendo dar su consentimiento expreso tras recibir una advertencia de riesgo. El límite de la inversión por proyecto es de 5 millones de euros, superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a partir del cual se exige la emisión de un folleto.

Finalmente, se establece la posibilidad de que las plataformas de financiación participativa utilicen mecanismos para agrupar inversores tales como la prestación de sus servicios a través de sociedades de responsabilidad limitada, entre otros tipos de entidades.

4.2) Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo

Se incorporan medidas para el impulso y mejora de la inversión colectiva y el capital riesgo, para lo cual la Ley 18/2022 modifica tanto la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva como la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado.

En primer lugar, destaca el reconocimiento y regulación de la figura de las Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado de préstamos, comúnmente conocidas como “fondos de deuda”, cuyo objeto principal consiste en la inversión en facturas, préstamos, créditos y efectos comerciales de uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil, y se establecen obligaciones y requisitos para las sociedades gestoras de dichas entidades.

Para las entidades de capital riesgo (ECR), se permite que puedan extender su objeto principal a la inversión en Fintech, esto es, en entidades financieras cuya actividad se sustente principalmente en la aplicación de tecnología como objeto principal de la inversión de capital riesgo.

Por otra parte, se incorporan como activos susceptibles de inversión, a efectos de dar cumplimiento al coeficiente obligatorio de inversión de las entidades de capital riesgo, las facturas, préstamos, crédito y efectos comerciales de uso habitual en el tráfico mercantil de empresas en las que la ECR ya tenga una participación en el capital o a través de préstamos participativos, hasta el 20 % del total del activo computable.

Las instituciones de inversión colectiva ya no estarán sujetas a la obligación de publicar informe trimestral y se comunicarán con los accionistas o partícipes, por defecto, por medios telemáticos.

Por último, se flexibiliza el régimen de los inversores no profesionales en entidades de capital riesgo, permitiéndose la comercialización a minoristas siempre que accedan a la inversión a través de la recomendación personalizada de un intermediario que les preste el servicio de asesoramiento, y con límites a la cuantía de su inversión inicial.

Parada y Cotelo ha sido seleccionada como colaboradora del IGAPE para asesorar a empresas en operaciones de transmisión o adquisición de unidades productivas

Parada y Cotelo abogados y asesores ha sido seleccionada por el IGAPE como empresa colaboradora para prestar servicios de preparación para la transmisión o adquisición de unidades productivas en el marco del Programa Re-Acciona Covid-19 que será convocado en fechas próximas.

Como entidad colaboradora del IGAPE, nos encargaremos de realizar un asesoramiento integral en el marco operaciones de transmisión o adquisición de unidades productivas que soliciten la ayuda cuyas bases serán publicadas próximamente.

El servicio de preparación para la transmisión o adquisición de unidades productivas.

Nuestro equipo prestará su servicio de asesoramiento y apoyo desde las primeras fases de la operación de transmisión en cuestión, realizando un análisis tanto sobre el valor de la empresa o unidad productiva como sobre los riesgos legales y contingencias asociados a la misma (due diligence), hasta la negociación de las condiciones de la transmisión (contingencias, garantías…) y, finalmente, la formalización de la operación.

Beneficiarios de la ayuda.

  • Empresas y autónomos gallegos con una caída de facturación significativa en el año 2020 respecto del año 2019 que tengan un mínimo de tres empleados o socios trabajadores.
  • Empresas o unidades de negocios que vayan a ser comprados o vendidos, con independencia del tipo de operación que se quiera llevar a cabo (compraventa de empresa, compraventa de negocio, cesión de rama de actividad, fusión, escisión, inversiones de toma de control…).

Fases de desarrollo del servicio.

  • 1ª FASE: Presentación del proyecto y toma de datos.
    Uno o varios miembros del equipo de abogados y asesores fiscales y contables de Parada y Cotelo le harán una presentación del proyecto, mantendrán una o varias entrevistas con los miembros de la empresa y le solicitarán la documentación que sea necesario analizar.
  • 2º FASE: Análisis.
    Una vez recibida la documentación solicitada, un equipo de abogados y asesores fiscales hará un análisis de la misma estudiando los riesgos detectados.
    Una vez finalizado el análisis, los profesionales asignados al proyecto se reunirán con el cliente para transmitirle sus conclusiones y explicarle el plan de trabajo previsto para llevar a cabo la operación de transmisión.
  • 3ª FASE: Ejecución.
    El equipo de Parada y Cotelo redactará cuantos documentos, pactos, acuerdos y contratos resulten oportunos y le acompañará y asesorará durante su formalización.

Si desean recibir más información, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico [email protected] y el teléfono 881068265.

Modificaciones en materia tributaria contenidas en el Plan Anual Normativo para 2020 aprobado por el Consejo de Ministros

El pasado 8 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo para 2020, que contiene el listado de iniciativas legislativas y reglamentarias que el Gobierno informa que tiene previsto impulsar antes de finalizar el año 2020, para su oportuna tramitación.

A continuación señalamos las normas que el Gobierno ha señalado como agenda a corto plazo en materia tributaria, con modificaciones proyectadas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Ley General Tributaria, de las que informaremos a medida que se vayan conociendo más detalles acerca de su alcance y calendario de tramitación:

  1. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y de modificación de diversas normas tributarias.
  1. Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021.
  1. Ley por la que se modifica la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para incorporar la normativa sobre asimetrías híbridas regulada en la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
  1. Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la que se transponen la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, y la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo, de 21 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.
  1. Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
  1. Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.
  1. Real Decreto de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
  1. Real Decreto de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Asimismo el Gobierno ha informado que tiene previsto aprobar modificaciones en materia contable por medio de un Real Decreto por el que se modificaría el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

El Tribunal Supremo resuelve que es válido iniciar un procedimiento sancionador en materia tributaria antes de que se dicte y notifique al contribuyente el acuerdo de liquidación del cual trae causa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supremo dictó el pasado 23 de julio una relevante sentencia, identificada con el número 1075/2020 (rec. núm. 1993/2019), en la que abordó en casación una cuestión de gran interés, por referirse a una práctica habitual de las Administraciones tributarias, que había suscitado controversia en los últimos años: si la Administración se encuentra facultada, con arreglo al artículo 209.2 de la Ley General Tributaria, para iniciar un procedimiento sancionador en materia tributaria antes de haberse dictado y notificado al contribuyente el acto administrativo de liquidación del cual deriva dicho procedimiento, con especial atención a los casos en que se sanciona el incumplimiento del deber de declarar e ingresar correctamente y en plazo la deuda tributaria u otras infracciones que causen perjuicio económico a la Hacienda Pública, toda vez que la sanción se cuantifica en esos casos en función del importe de la cuota liquidada, como un porcentaje de la misma.

Esta cuestión se encontraba huérfana de un pronunciamiento jurisprudencial que la analizase de forma pormenorizada, pues a juicio del parecer mayoritario de la Sala, su sentencia núm. 298/2016, de 3 de febrero de 2016 (rec. núm. 5162/2010), no se puede considerar precedente del cual extraer criterio acerca del momento a considerar como determinante para la iniciación del procedimiento sancionador.

En este contexto, en su sentencia de 23 de julio de 2020 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que de la literalidad del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria (LGT) únicamente puede inferirse, respecto de la persona o entidad que hubiera sido objeto de un procedimiento de comprobación tributaria (verificación de datos, comprobación limitada, inspección), la existencia de un plazo máximo para dar comienzo al procedimiento sancionador (el de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución resultante de la comprobación). Pero a su entender ni el artículo 209.2 LGT ni ninguna otra norma legal o reglamentaria establecen un plazo mínimo para iniciar el expediente sancionador ni contienen prohibición de iniciarlo antes de que se haya notificado al presunto infractor la liquidación tributaria de la que trae causa la tramitación de dicho expediente.

El Alto Tribunal considera aplicable este criterio respecto de cualquier tipo de infracción tributaria, pero se detiene de modo concreto en el tratamiento atribuible en relación con las infracciones que causan perjuicio recaudatorio para la Hacienda Pública, como es el caso de la tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria (dejar de ingresar en plazo la deuda tributaria). Estima el Tribunal que si bien en ese tipo de infracciones la liquidación constituye presupuesto imprescindible para que se dicte la resolución sancionadora, a su juicio cabe aceptar “la máxima de que sin liquidación no hay sanción, pero no la de que sin liquidación no puede haber inicio del procedimiento tributario sancionador”. Por ello no advierte tacha en que el inicio del procedimiento sancionador pueda producirse aun cuando el expediente de gestión o de inspección no haya finalizado y se estén llevando a cabo actuaciones de comprobación o de investigación.

Esta interpretación no supone, de acuerdo con el criterio mayoritario de la Sala, una vulneración de los derechos a ser informado de la acusación y de defensa del obligado tributario y su aplicación en los supuestos en los que la notificación de la liquidación y de la sanción coinciden temporalmente no implicaría quebrantar el principio general de separación de procedimientos consagrado en el artículo 208.1 de la Ley General Tributaria, toda vez que en esos casos lo que se produce, a su juicio, es una tramitación conjunta en el tiempo (que no confundida, puntualiza el Tribunal) de los procedimientos de comprobación e investigación y del procedimiento sancionador.

Finalmente es preciso señalar que los criterios interpretativos fijados en la sentencia del pasado 23 de julio no han contado con el respaldo unánime de los Magistrados de la Sección Segunda de la Sala, pues frente a la resolución se formuló un voto particular que rechaza la doctrina sostenida por la mayoría, por considerarla errónea. En opinión del Magistrado autor del voto particular, la interpretación efectuada en la sentencia por la mayoría, que habilita la coexistencia simultánea, incluso totalmente paralela, de un procedimiento de comprobación y otro sancionador, dada su mutua y necesaria interdependencia (el de comprobación constituye un antecedente indeclinable del sancionador), “supone contravenir -y arrumbar casi definitivamente-, el principio de separación de procedimientos reconocido en el artículo 208 LGT”, al cual se priva “de todo sentido y razón de ser”.

Considera asimismo que la interpretación mayoritaria “de que el artículo 209.2 LGT, al no prohibir expresamente el inicio del procedimiento sancionador antes de la terminación del previo de regularización, lo permite, contraviene o dificulta significativamente, hasta su virtual abolición, el ejercicio del derecho fundamental, emanado del de defensa y de presunción de inocencia, de la no autoincriminación”. Y concluye que “el núcleo de la sentencia, a la postre, no es otro que el de indicar que nada obsta a la posibilidad que la propia Administración haga sin cortapisas ni trabas lo que ella misma afirma que viene haciendo en el 95 por 100 de los casos” y que “Con el criterio de la sentencia, en cierto modo, se abdica de llevar a su máxima plenitud el principio de control de la legalidad de la actuación de la Administración, así como del sometimiento a los fines que la justifican ( artículo 106 CE), pues se confrontan, para la interpretación del alcance de una norma, derechos fundamentales que se dicen, de forma un tanto apodíctica, no infringidos, con reglas meramente instrumentales de funcionamiento, como la celeridad, la eficacia o la economía”.

Información sobre la crisis ocasionada por el COVID-19

Desde Parada y Cotelo queremos mantener a todos nuestros clientes informados sobre las normas, interpretaciones y novedades que surjan entorno a la crisis ocasionada por el coronavirus.

A continuación, encontrarán una serie de documentos con información que iremos renovando a medida que se vayan produciendo novedades.

Si tienen alguna duda al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras habituales vías de contacto.

Preguntas y respuestas tras el COVID-19 normativa actualizada a 24 de abril de 2020

Resumen de medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas en el marco de la crisis ocasionadas por el COVID 19

Resumen de medidas estatales en el marco de la crisis ocasionadas por el COVID 19

Circular informativa sobre el Real-Decreto ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 y el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable

Circular informativa sobre el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Información sobre diversas líneas de apoyo a la financiación a empresas y autónomos.

Información línea de avales ICO RDL 8/2020

Circular informativa sobre el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Circular informativa sobre el RD-ley 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 27/06/2020)

 

Información actualizada sobre medidas urgentes impacto coronavirus COVID-19

En atención a las guías y demás documentos publicados, entre otros, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como por las Administraciones Públicas (Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social) y otras organizaciones, en los que se establecen los criterios sobre los que llevar a cabo las medidas laborales y fiscales excepcionales contra el COVID-19 recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se hace necesario destacar las siguientes cuestiones:

  • Protección para autónomos (Art. 17 RD 8/2020): Los trabajadores por cuenta propia que cesen su actividad al quedar sus actividades suspendidas en virtud del Real Decreto o vean reducida su facturación en más de un 75% en relación con el promedio del semestre anterior podrán solicitar una prestación consistente en el 70% de su base reguladora hasta el último día del mes en el que se finalice el estado de alarma. La cuantía de la prestación para autónomos con base mínima será de 661,08 euros y para autónomos societarios 849,87 euros. Es requisito indispensable para acogerse al cese de actividad realizar un ERTE en el caso de que se tengan trabajadores. La fecha de efectos de la prestación será a partir del 15 de marzo. No obstante, la fecha de presentación será desde el 18 de marzo para autónomos cuya actividad esté incluida en el RD 463/2020 y desde el 15 de abril para los que viesen suspendida su actividad o reducidos sus ingresos en un 75%.
  • Medidas sobre adaptación y reducción de jornada (art. 6 RD 8/2020): Frente al derecho a solicitar una adaptación de jornada recogido en el ET, se reconoce el derecho a adaptar la jornada, con el requisito de que esté justificado, sea razonable y proporcional en relación con la situación de la empresa. Se insta a llegar a un acuerdo entre empresario y trabajador.

Asimismo, rebasando los límites establecidos en el ET, se posibilita al trabajador a reducir su jornada hasta el 100% por necesidades de cuidado de familiares con la consiguiente reducción del salario en proporción a la reducción, comunicándola con 24 horas de antelación. En este caso se mantiene la obligación de cotización del empresario.

En ambos supuestos se concederán en atención a medidas excepcionales: necesaria la presencia del trabajador para la atención del cónyuge/pareja de hecho o familiares de consanguinidad hasta el segundo grado que por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesiten de cuidado personal y directo; cuidado de hijos, entre otros supuestos.

  • ERTES por fuerza mayor (Art. 22 y ss. RD 8/2020): se podrán tramitar por esta vía aquellos supuestos en los que las actividades recogidas en el Anexo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara estado de alarma que se vean paralizadas, además de esa lista cerrada, la modificación del RD 463/2020 por el RD 465/2020 de 17 de marzo establece un concepto más amplio y recoge también aquellas actividades que a juicio de la autoridad competente pudieran suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se viene prestando. Además de las actividades señaladas, el RD 8/2020 podría habilitar el ERTE por fuerza mayor, aquellas que estuvieran afectadas por otros mandatos del RD 463/2020 como es la limitación de la circulación de personas en el supuesto que esa limitación impidiera la prestación de la empresa, la falta de suministros que impidan garantizar la continuación normal y la incidencia de la enfermedad en el plantilla, ya sea por riesgo de trabajadores o el aislamiento preventivo (estos últimos supuestos declarados por la autoridad sanitaria).

Presentada la solicitud, la autoridad laboral deberá contestar en un plazo de 5 días y además podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo. En principio, la falta de respuesta en ese plazo implica reconocer la fuerza mayor. Recibida la declaración de fuerza mayor, se hará una solicitud a la TGSS pidiendo la exoneración de las cuotas. La exoneración de cuotas será del 100% en empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de más de 50 trabajadores, siempre que exista compromiso de mantener el empleo durante 6 meses una vez recuperada la actividad normal.

  • ERTES por causa económicas, técnicas, productivas y organizativas: Se reducen los plazos ordinarios del ET tanto para la constitución de la comisión negociadora que será en el plazo improrrogable de 5 días como para el período de consultas que será de 7 días. Si hay representantes de los trabajadores serán ellos parte de la comisión negociadora y si no los hubiera, primero habrá que solicitar la representación a las organizaciones sindicales y, sino se constituye, serán los propios trabajadores quienes elegirán a tres representantes.

Con independencia del ERTE solicitado, si se presentara uno sin incluir a toda la plantilla y después se considerase necesario que el ERTE afecte a más trabajadores habrá que presentar un segundo ERTE dado que el primero no se podrá modificar.

Asimismo, se establecen garantías para los trabajadores afectados por el ERTE como son el reconocimiento del derecho a la prestación por contributiva por desempleo con independencia del periodo de cotización previo y el contador a cero con independencia de tiempo que haya percibido la prestación por desempleo por causa del ERTE.

  • Ampliación de los plazos tributarios que ha de cumplir el contribuyente (Apt. 1, 2 y 3 del art. 33 RD 8/2020): habrá que distinguir tres bloques: 1) plazos de ingreso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración; 2) plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, así como para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación y; 3) plazo para el pago de la deuda tributaria en período ejecutivo tras la notificación de la providencia de apremio.

En los plazos iniciados antes del 18 de marzo y no concluidos a esa fecha se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. En el caso de que los referidos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extenderán hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el plazo otorgado por la norma general fuese mayor (en general, en las deudas tributarias resultantes de liquidaciones de la Administración cuando la notificación tenga lugar a partir del 15 de abril de 2020 y en el caso de providencias de apremio cuando se hubiere notificado a partir del 15 de mayo) en cuyo caso este resultará de aplicación.

Ha aclarado la Agencia Tributaria que respecto de los plazos de ingreso de deudas tributarias de liquidaciones practicadas por la Administración notificadas entre el 16 y 17 de marzo se mantiene su plazo de pago hasta el 5 de mayo (y no el 30 de abril como cabria entender del RD 8/2020).

  • Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas (Apt. 7 del art. 33 RD 8/2020): El plazo para su interposición frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, o hasta que se haya producido la notificación si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento. Si bien la norma no incluye expresamente los plazos de recurso iniciados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (salvedad a la disposición transitoria tercera). La Agencia Tributaria ya ha aclarado que la ampliación de plazo para interponer un recurso o reclamación económico-administrativa también se extiende a los plazos notificados antes del 14 de marzo. Por ello, para los actos o resoluciones notificados a los contribuyentes antes del 14 de marzo, el plazo se iniciará de nuevo el 1 de mayo o bien el día siguiente al que pierdan vigencia las posibles prórrogas del Real Decreto 463/2020, en caso de que ese día fuera posterior al 1 de mayo.
  • Plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones: La Agencia Tributaria ya ha declarado que no hay suspensión (ni ampliación de plazo), para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Sin perjuicio de lo dicho, algunas CC.AA. ya han aprobado la suspensión de plazos para presentar las autoliquidaciones de los tributos que tienen cedidos (Madrid, Andalucía, entre otras).

El polémico artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es de aplicación desde el día 1 de enero de 2017

Tras varios años en suspenso, el controvertido artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es una realidad desde el 1 de enero de 2017.

El artículo obliga a las empresas no cotizadas con más de cinco años de existencia a repartir al menos un tercio de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendo. De lo contrario, los socios pueden reclamar a la sociedad la compra de su participación, ejerciendo así lo que se conoce como derecho de separación.

El fundamento del citado precepto, que fue introducido por la ley 25/2011, es evitar el abuso por la mayoría en los casos que ésta se niega sistemáticamente al reparto de dividendos. La idea, por lo tanto, es evitar que las mayorías de control de una sociedad impongan una política de dividendo cero que perjudique a los minoritarios, mientras esas mayorías obtienen otros réditos de la empresa por estar ocupando puestos directivos o en el órgano de administración.

En cualquier caso, dicho precepto ya es una realidad y afectará a miles de empresas, que se pueden ver forzadas a dar dividendos para evitar el ejercicio del derecho de separación, puesto que, si bien es cierto que la norma no obliga a las empresas a repartir beneficios, la alternativa de la separación puede provocar la posible descapitalización de la empresa, pues se verá obligada a pagar a los socios separados el valor razonable de su participación social en un breve plazo desde su ejercicio.

El ICAC sanciona por el incumplimiento de la obligación de presentación de las cuentas anuales

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas ha publicado en el boletín 107 una interesante consulta sobre el régimen sancionador aplicable por el ICAC a una sociedad de capital por el incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y si puede ser denunciado tal incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil por parte del órgano de administración de las sociedades de capital, en el plazo establecido, tiene unas consecuencias que, en síntesis, son: por una parte, el cierre registral para la inscripción de documentos por la sociedad incumplidora (artículo 282); y por otra, la imposición de una multa, previa instrucción de expediente por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (artículo 283), pudiendo oscilar el importe de la multa desde los 1.200 a 60.000 euros.

 

No obstante la Ley contempla una excepción a la sanción de multa por importe máximo de 60.000 euros para aquellas sociedades que tuvieran un volumen de ventas superior a 6.000.000 de euros, elevándose el límite de la multa para cada año de retraso a 300.000 euros, manteniendo así el régimen agravatorio que se incluyó con la modificación del artículo 221 del TRLSA por la Ley 7/1996, de 15 de enero del comercio minorista.

 

A este respecto, en el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en sus artículos 365 a 378, se regula el proceso de presentación y depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil. En particular y en cuanto a las competencias de este Instituto, debe significarse el artículo 371.2 de dicho Reglamento en el que se establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro del segundo mes de cada año, trasladará a este Instituto las listas de las sociedades incumplidoras de la obligación de depositar sus cuentas anuales, durante el año anterior, para la incoación del correspondiente expediente sancionador. En base a la citada lista anual de sociedades incumplidoras este Instituto inicia de oficio los correspondientes expedientes sancionadores a las sociedades incluidas en dicha lista, atendiendo al procedimiento administrativo previsto a estos efectos en la normativa administrativa reguladora de esta materia, que en expedientes iniciados con anterioridad al 2 de octubre de 2016 es el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en los que se inicien a partir de dicha fecha es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

 

De acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, debe señalarse que la presentación de una denuncia, por sí sola, no confiere al denunciante la condición de interesado en el procedimiento que en su caso pueda iniciarse a raíz de la denuncia. Asimismo, hay que indicar que se comunicará al denunciante la incoación del expediente sancionador, que en su caso se inicie, únicamente cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64.1 trascrito. En este caso, hasta la fecha la normativa reguladora del depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil no establece ninguna disposición a este respecto.

 

La Agencia Tributaria ha emitido un informe sobre la deducibilidad de los intereses de demora

La Dirección General de Tributos afirmaba en una consulta vinculante reciente (V4080-15, de 21 de diciembre) que los intereses de demora derivados de actas de inspección eran deducibles, en contra del criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, que había resuelto anteriormente la no deducibilidad (Resolución de fecha 7-5-2015).

La Agencia Tributaria ha emitido un informe para fijar el criterio que aplicará en las actuaciones de comprobación, ante el diferente juicio de los dos órganos citados, la DGT y el TEAC, al tiempo que advierte de la extensión del criterio a los intereses de demora derivados de liquidaciones administrativas originadas en los procedimientos de comprobación

La Agencia Tributaria concluye que no son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades los intereses de demora de carácter indemnizatorio procedentes de liquidaciones derivadas de procedimientos de comprobación.

En el informe se considera que son deducibles los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, equiparándose a los aplazamientos.

Para finalizar, en aquellos casos en los que sea necesario practicar una nueva liquidación, en virtud del artículo 26.5 de la Ley General Tributaria, y hubiera mediado suspensión, los intereses de demora liquidados sobre la nueva cuota no serán deducibles desde que se produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce la primera liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento. Los intereses devengados a partir de ese momento si serían deducibles.

Es posible que la discrepancia no acabe aquí, porque el informe no tiene en cuenta que la resolución del TEAC se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2010 que reitera el criterio de otra sentencia de 24 de octubre de 1998. Esta última sentencia se fundamentaba en el carácter necesario del gasto la razón para considerar no deducibles los intereses de demora, pero con referencia a una declaración a la que se aplicaba la Ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades.

Es muy sorprendente que la DGT interprete de manera razonable el nuevo supuesto de gastos no deducibles del artículo 15.f de la Ley 27/2014, gastos contrarios al ordenamiento jurídico, en el sentido de que estos intereses de demora no son gastos contrarios al ordenamiento jurídico, “sino todo lo contrario, son gastos que vienen impuestos por el mismo”.

Primera sentencia del Tribunal Supremo en la que se aprecia la responsabilidad penal de la persona jurídica.

El Alto Tribunal ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Concretamente, ha confirmado las condenas impuestas a tres sociedades por su participación en delitos contra la salud pública consistentes en el tráfico de droga escondida en maquinaria objeto de importación y exportación.

 

La sentencia explica que el presupuesto inicial para apreciar la responsabilidad de las personas jurídicas, conforme a lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal, es constatar la comisión de un delito por parte de una persona física integrante de la persona jurídica. En el caso objeto de la sentencia, se trataba de los administradores de hecho o de derecho.

 

Asimismo, indica el Tribunal Supremo que debe apreciarse que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos, esto es, si ha sido «posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

 

En cuanto a las penas impuestas, el Tribunal Supremo determina la pena en relación a una de las empresas excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, sin perjuicio de la imposición de una multa de elevada cuantía.