Deducibilidad de los intereses de demora liquidados en actas de inspección

La Dirección General de Tributos, bajo la ley 27/2014 que regula en la actualidad el Impuesto sobre Sociedades, entiende que los intereses de demora tienen carácter financiero y, por ello, son deducibles con los límites de los gastos financieros netos (30% del beneficio operativo del ejercicio y, como mínimo, 1 millón de euros). Nos parece muy interesante que se descarte la aplicación de la no deducibilidad por la letra f) del artículo 15 “gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, al considerar que para aplicar esta exclusión (y este criterio es válido para otro tipo de gastos) es preciso que la realización del propio gasto esté castigada por el ordenamiento jurídico. No obstante, hay que advertir que se matiza que los intereses de demora del ejercicio son deducibles con los límites mencionados pero, respecto a los de ejercicios anteriores, como gastos contabilizados en ejercicio posterior al de devengo, les será de aplicación el artículo 11.3 que impide su deducibilidad si por esta distinta imputación se deriva una tributación inferior. A este respecto debemos recordar que la Administración tributaria interpreta que existe inferior tributación si el gasto deducido con posterioridad se devengó en ejercicio prescrito.

Circular de la Fiscalía General del Estado relativa a los programas de cumplimiento normativo

La Fiscalía General del Estado ha publicado el pasado día 22 de enero la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015 en la que, entre otras cuestiones relativas a esta materia, aborda el tema de los modelos de organización y gestión eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, esto es, los programas de cumplimiento normativo o “compliance”.

 

La Circular pone de relieve que, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, el objeto del proceso penal en el que sea imputada una persona jurídica se extenderá a la valoración de la idoneidad del programa de cumplimiento normativo.

 

La Fiscalía General del Estado insiste en numerosas ocasiones en la referida Circular en que los programas no pueden enfocarse única y exclusivamente a eludir el reproche penal, sino a reafirmar una cultura corporativa de cumplimiento de la ley, de forma que la comisión de un delito sea un acontecimiento accidental y la exención de la pena tan solo una consecuencia natural de la cultura de cumplimiento normativo implantada en la organización. Es de destacar que la Circular recalca que los modelos de organización y gestión deben adaptarse a las circunstancias de cada organización, a su naturaleza, actividad y tamaño.

 

A pesar de que la Circular no desarrolla el contenido de los programas de cumplimiento normativo, destaca una serie de aspectos prácticos que serán objeto de valoración por los fiscales a la hora de evaluar la eficacia de los modelos de organización y gestión y la posibilidad de aplicar la eximente de responsabilidad a las personas jurídicas. Señala específicamente que los programas deben ser claros, precisos y eficaces, debiendo encontrarse redactados por escrito, advirtiendo que “no basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos.”

 

La Fiscalía General del Estado también advierte que no serán valorados de manera positiva aquellos programas que se limiten a copiar otros documentos, pues dicha práctica suscita dudas sobre la idoneidad del modelo adoptado y el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas.

 

Finalmente, la Circular señala que los fiscales deberán observar una serie de pautas de carácter general para valorar la eficacia de estos modelos, que transcribimos a continuación por su gran relevancia a la hora de implantar y gestionar los programas de cumplimiento normativo que elaboramos en nuestro despacho atendiendo a las necesidades de nuestros clientes:

 

  1. La regulación de los modelos de organización y gestión debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en la práctica.
  2. El objeto de los modelos de organización y gestión no es solo evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que tales modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento. Los Sres. Fiscales analizarán si los programas de prevención establecidos expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas criminales. 
  3. Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional más de la adecuación del modelo pero en modo alguno acreditan su eficacia, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial. 
  4. Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Si son los principales responsables de la entidad quienes incumplen el modelo de organización y de prevención o recompensan o incentivan, directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa, de tal modo que, en estos, casos, los Sres. Fiscales presumirán que el programa no es eficaz. 
  5. La responsabilidad corporativa debe ser más exigente en los supuestos en los que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario o meramente tangencial al directa y personalmente perseguido por el delincuente. En estos casos, cabe exigir a la persona jurídica que la contratación o promoción del individuo que delinquió se adecuara a unos protocolos y procedimientos que garanticen altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados. 
  6. Los Sres. Fiscales concederán especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia corporación de tal manera que, detectada la conducta delictiva por la persona jurídica y puesta en conocimiento de la autoridad, deberán solicitar la exención de pena de la persona jurídica, al evidenciarse no solo la validez del modelo sino su consonancia con una cultura de cumplimiento corporativo. 
  7. Si bien la comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de prevención, este puede quedar seriamente en entredicho a tenor de la gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el alto número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir el modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal. 
  8. Los Sres. Fiscales atenderán al comportamiento de la corporación en el pasado. Se valorará positivamente la firmeza de la respuesta en situaciones precedentes y negativamente la existencia de anteriores procedimientos penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes de la investigada, o previas sanciones en vía administrativa. 
  9. Las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento. Así, la imposición de medidas disciplinarias a los autores o la inmediata revisión del programa para detectar sus posibles debilidades, la restitución y la reparación inmediata del daño, la colaboración activa con la investigación o la aportación al procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio del valor atenuante que pueda tener alguna de estas actuaciones. Operarán en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la actitud obstructiva o no colaboradora con la justicia.”

 

 

 

 

La justicia europea considera que el “tax lease” del sector naval no es una ayuda estatal ilegal

El Tribunal General de la Unión Europea ha comunicado que ha dictado una sentencia en la que anula la Decisión de la Comisión en virtud de la cual se consideraba que el Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SAFE), más conocido como tax lease, como una ayuda estatal ilegal.

 

Según las últimas informaciones aparecidas en la prensa, el fallo se fundamenta en el hecho de que las Agrupaciones de Interés Económico que se utilizaban en estas estructuras de inversión no resultaron beneficiadas de las ventajas económicas y fiscales sino que la ventaja recaía sobre los inversores y que dichas ventajas podían haberse obtenido en idénticas condiciones por cualquier otro operador sujeto al impuesto en España, sin distinción alguna. Por lo tanto, se concluye que no se ha tratado de una ventaja selectiva y no se estaba distorsionando la competencia.

 

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda podrá paralizar el procedimiento de recuperación de las ventajas fiscales obtenidas por parte de los inversores.

La declaración de concurso de acreedores no impide por sí sola el aplazamiento de las deudas tributarias

El Tribunal Supremo ha dictado en fecha 13 de octubre de 2015 una sentencia estimando el recurso de una empresa contra la decisión de la Agencia Tributaria de denegarle el aplazamiento del pago del IVA motivada por la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que se habían evidenciado por su declaración en concurso voluntario de acreedores, hecho que, según la AEAT, le impediría hacer frente a los pagos derivados del aplazamiento.

La recurrente alegó que, a pesar de haber sido declarada en concurso de acreedores, las dificultades de tesorería eran transitorias, lo que se evidenciaba por el hecho de que se hubiese sido suscrito un convenio por una amplia mayoría de los acreedores, que su activo fuese superior a su pasivo o que había prestado garantía.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha señalado en dicha sentencia que el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria de 2003 autoriza el aplazamiento del pago de tributos, previa solicitud del obligado tributario, siempre que su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuarlo en los plazos establecidos, siendo, por lo tanto, un derecho del contribuyente siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador y no una potestad discrecional de la Administración.

Nuestro Alto Tribunal ha estimado el recurso fundamentando su sentencia en el hecho de que la denegación del aplazamiento se sustentase única y exclusivamente en la declaración de concurso de acreedores, a pesar de que dicha circunstancia no supone de ningún modo que la insolvencia de la empresa sea de carácter estructural, sino todo lo contrario, pues “un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación transitoria llamada a ser superada”.

 

Los programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el día 23 de diciembre de 2010, introdujo en nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha supuesto que éstas sean sujetos susceptibles de cometer delitos y de ser por ello sancionadas con las correspondientes penas.

 

Los delitos concretos de los que la sociedad puede responder están expresamente determinados en el Código Penal, encontrándose entre los más habituales los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra la intimidad y allanamiento informático, el blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, el cohecho o el tráfico de influencias. Por su parte, las penas que pueden imponerse por la comisión de los citados delitos son, entre otras, la disolución de la persona jurídica, la suspensión temporal de su actividad, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, la inhabilitación para contratar con el sector público, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o la imposición de multas.

 

Pues bien, en relación con lo anterior, el pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal, la cual entró en vigor el pasado día 1 de julio y, entre sus principales novedades, se encuentra una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la que la implantación por la empresa de un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos ‑comúnmente denominados compliance– puede servir, si se cumplen ciertos requisitos, para que la sociedad quede eximida de responsabilidad.

 

De este modo, a partir del día 1 de julio, con la entrada en vigor de la reforma, si la sociedad adopta e implementa, en la forma exigida, un programa de prevención, el efecto eximente se extenderá a cualquier posible supuesto de responsabilidad de la persona jurídica, incluidos tanto los delitos cometidos por los administradores y representantes legales de la sociedad como los cometidos por sus empleados.

 

Para que la sociedad quede exenta de responsabilidad ésta habrá de cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Que se adopten y ejecuten de forma eficaz antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión idóneos para prevenir delitos como el cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

  • Que se cree un órgano para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención con poderes autónomos de iniciativa y de control dentro de la empresa. En las personas jurídicas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada estas funciones de supervisión podrán ser asumidas por el órgano de administración.

 

  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.

 

  • Que haya existido la diligencia debida por parte del organismo para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención.

 

A su vez los modelos de organización y gestión, es decir, el programa de prevención penal, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan cometerse los delitos que deben ser prevenidos.

 

  • Establecer protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a dichos delitos.

 

  • Disponer de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos

 

  • Establecer la obligación de informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilancia.

 

  • Crear un sistema disciplinario para prevenir y sancionar el incumplimiento de sus reglas.

 

  • Contemplar la realización de una verificación periódica del programa.

 

Como conclusión a lo expuesto, cabe realizar las siguientes recomendaciones:

 

  • En el caso de que la sociedad no haya adoptado y ejecutado hasta el momento un programa de prevención de delitos, es recomendable la elaboración del mismo, adaptándolo a la estructura y tamaño de la sociedad así como al sector en el que desarrolla su actividad social.

 

  • En el supuesto de sociedades que ya cuenten con un programa, será preciso revisarlo para comprobar que se adapte a las exigencias de la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal.

 

  • Debe verificarse que la sociedad cumple otras normativas de prevención que pueden tener especial trascendencia en materia penal como es la prevención de riesgos laborales o, en el caso de que sea aplicable, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 

Por lo tanto, la aprobación e implantación del programa resulta fundamental para que la sociedad y sus administradores puedan quedar eximidos de responsabilidad por ciertos delitos que puedan cometerse en el seno de la empresa.

 

En este sentido, estamos a vuestra disposición para asesoraros convenientemente en esta materia y, en su caso, colaborar con vosotros en la confección y puesta en marcha del correspondiente programa.

Los profesionales no podrán deducirse los gastos del vehículo si no es de uso exclusivo de la actividad

A efectos de IVA, el vehículo se presume afecto al 50 por ciento a la actividad, por lo que las cuotas de IVA soportadas por la adquisición del vehículo podrán deducirse en dicho porcentaje, siendo necesario que el profesional tenga la factura original emitida a su favor. En cuanto al IRPF, dado que el uso del vehículo no es exclusivo para usos relacionados con la actividad profesional (puesto que se usa también como vehículo privado), no tendrá la consideración de elemento afecto a la actividad económica, y no serán deducibles ni las amortizaciones del préstamo ni los gastos derivados de su utilización para la obtención del rendimiento neto.

(DGT, CV1313-15, de 29 de abril de 2015)