El Tribunal Supremo rectifica y resuelve que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el prestatario y el Gobierno modifica la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo ha anunciado que ha rectificado la doctrina jurisprudencia fijada en su sentencia dictada el pasado día 16 de octubre de 2018 y que, por lo tanto, resuelve que el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria deberá ser soportado por el prestatario y no por el acreedor hipotecario.

El pasado día 6 de noviembre, tras más de 15 horas de deliberación, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido rectificar y volver a acoger la doctrina jurisprudencial según la cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario.

Esta decisión, que ha sido tomada en una votación con 15 votos a favor y 13 votos en contra, revoca el cambio de doctrina operado por la sentencia de 16 de octubre de 2018 y termina con las posibilidades de reclamación que se habían abierto para aquellos prestatarios que habían abonado el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que revisaba tres recursos directamente afectados por el cambio de doctrina, ha afirmado que el texto de las sentencias se publicará en los próximos días.

No obstante, el Gobierno ha modificado mediante Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”, por lo que a partir de ahora el impuesto deberá ser pagado por el acreedor hipotecario.

El Tribunal Supremo resuelve que en los préstamos con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario

El pasado día 16 de octubre de 2018 la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia que rectifica la doctrina del propio Tribunal y considera que, debido al carácter inscribible de las hipotecas y a que el acreedor hipotecario es el principal interesado y beneficiario en la inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario y no el prestatario.

 

Asimismo, el Tribunal anula, por considerarlo ilegal, el contenido del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el cual establece que “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamos con garantía se considerará adquirente el prestatario”.

 

En consecuencia, esta resolución posibilita la reclamación de las cantidades pagadas como impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.

 

No obstante, por razones de índole económica y social, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido reunirse el próximo día 5 de noviembre de 2018 para decidir si confirma esta nueva doctrina jurisprudencial, por lo que habrá que estar a la espera de lo que acuerde el Tribunal en la citada fecha.

Principales novedades introducidas por la Ley 6/2017, de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo

Resumimos a continuación las principales novedades introducidas por la Ley 6/2017, de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo, publicada el pasado 25 de octubre:

 

Fiscalidad (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no I.V.A.)

 

ENTRADA EN VIGOR EL 1/1/2018:

  • DEDUCIBILIDAD SUMINISTROS VIVIENDA HABITUAL

Serán deducibles para los autónomos que trabajen en su vivienda habitual los suministros (agua, luz, gas, electricidad, telefonía, Internet) el porcentaje del 30% sobre la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total.

Ejemplo: Vivienda de 100 m.c. con 20 m.c. destinados a la actividad, se podrá deducir el 30% del 20% del coste de los suministros (es decir, un 6%).

  • DEDUCIBILIDAD GASTOS DE MANUTENCIÓN

Serán deducibles los gastos de manutención del contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y se abonen mediante un medio electrónico de pago con los mismos límites que las dietas y gastos normales de los trabajadores: Sin pernocta: 26,67 o 48,08 € diarios, según se trate de desplazamiento en territorio español o en el extranjero. Con pernocta: 53,34 o 91,35 €, respectivamente.

 

Cotización a la Seguridad Social

 

ENTRADA EN VIGOR EL 25/10/2017:

  • BONIFICACIÓN POR CUIDADO DE HIJOS MENORES Y FAMILIARES

La bonificación del 100% de la cuota de autónomos por un plazo de hasta 12 meses por el cuidado de menores de 7 años se amplía hasta el cuidado de menores de 12 años. La duración de la bonificación es de hasta 12 meses, que se mantiene incluso aunque el menor cumpla 12 años. El autónomo debe permanecer dado de alta durante 6 meses después del disfrute de la bonificación. Se mantiene la condición de contratar un trabajador que deberá mantenerse durante todo el período de su disfrute.

  • BONIFICACIONES POR MATERNIDAD

La bonificación del 100% de la cotización de los autónomos introducida por la Ley 31/2015 se amplía en el sentido que se aplica la misma aunque no sean sustituidos.

Se establece una tarifa plana de 50 euros durante el plazo de 12 meses para las mujeres autónomas que habiendo cesado su actividad por maternidad vuelva a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha del cierre. 

  • BONIFICACIÓN POR CONTRATACIÓN DE FAMILIARES

Bonificación del 100% durante 12 meses por la contratación indefinida por parte del autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendiente, descendiente y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

Es requisito que no haya extinguido contratos por despido objetivo, despido declarado improcedente o despido colectivo no ajustado a Derecho en los 12 meses anteriores.

El autónomo deberá mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la celebración de los contratos que den derecho a esta bonificación.

  • CONTRATACIÓN HIJOS DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

Los trabajadores autónomos podrán contratar a los hijos menores de 30 años aunque convivan con él. La novedad ahora es que se otorgará el mismo tratamiento aunque sean mayores de 30 años cuando tengan discapacidad.

 

ENTRADA EN VIGOR EL 1/1/2018:

  • RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Pasa del 20% al 10% el recargo de la deuda si se abona dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso. Si se abona a partir del segundo mes siguiente el recargo será del 20%. Hasta ahora era del 20% en todo caso.

  • FECHA DE EFECTOS DE LAS ALTAS Y BAJAS

La afiliación de los autónomos, hasta 3 altas y 3 bajas durante el año natural, tendrá efectos desde sus respectivas fechas. El resto de altas o bajas dentro del año natural tendrán efectos desde el día primero y último, respectivamente, del mes natural en que se produzcan.

Anteriormente se cotizaba el mes completo cualquiera que fuese la fecha de alta o baja.

  • CAMBIO DE LA BASE DE COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS

Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización, eligiendo otra dentro de los límites máximo y mínimo que les resulte aplicable en cada ejercicio con los siguientes efectos:

  • 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 01/01 y el 31/03
  • 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 01/04 y 30/06
  • 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 01/07 y el 30/09
  • 1 de enero del año siguiente, si se solicita entre el 01/10 y 31/12

 

  •  TARIFA PLANA

Se amplía la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a 12 meses siguientes a la fecha de alta.

La tarifa plana se introdujo en la Ley 31/2015 en la cotización de los nuevos autónomos, que pasaron a pagar 50 euros al mes durante los primeros 6 meses de alta nueva en ese Régimen Especial, si además no lo habían estado en los 5 años anteriores y cotizaban por la base mínima.

Ahora tendrá una duración de 12 meses desde la nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos, si además no lo han estado en los 2 años anteriores (3 años si ya hubieran disfrutado de estos beneficios previamente) y cotizan por la base mínima.

 

Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo autónomo

 

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública o del que esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo.

La novedad es que si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%.

Hasta la fecha los autónomos en esta situación sólo recibían el 50% de la prestación.

El Tribunal Constitucional anula parcialmente la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativos al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El Tribunal Constitucional considera que dichos preceptos vulneran el principio constitucional de capacidad económica en tanto en cuanto el gravamen no se vincula de manera necesaria a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.

El Tribunal explica en su sentencia que el objeto del impuesto es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno, por lo que el hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período de tiempo implica el pago del impuesto de manera necesaria, a pesar de que no se haya producido un incremento en el valor del bien o, incluso, cuando se haya producido un decremento del mismo, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir conforme a su capacidad económica, tal y como se establece en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Tras esta sentencia, el legislador deberá modificar la regulación del impuesto de forma que se permita no someter a tributación las situaciones en las que no exista un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El polémico artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es de aplicación desde el día 1 de enero de 2017

Tras varios años en suspenso, el controvertido artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital ya es una realidad desde el 1 de enero de 2017.

El artículo obliga a las empresas no cotizadas con más de cinco años de existencia a repartir al menos un tercio de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendo. De lo contrario, los socios pueden reclamar a la sociedad la compra de su participación, ejerciendo así lo que se conoce como derecho de separación.

El fundamento del citado precepto, que fue introducido por la ley 25/2011, es evitar el abuso por la mayoría en los casos que ésta se niega sistemáticamente al reparto de dividendos. La idea, por lo tanto, es evitar que las mayorías de control de una sociedad impongan una política de dividendo cero que perjudique a los minoritarios, mientras esas mayorías obtienen otros réditos de la empresa por estar ocupando puestos directivos o en el órgano de administración.

En cualquier caso, dicho precepto ya es una realidad y afectará a miles de empresas, que se pueden ver forzadas a dar dividendos para evitar el ejercicio del derecho de separación, puesto que, si bien es cierto que la norma no obliga a las empresas a repartir beneficios, la alternativa de la separación puede provocar la posible descapitalización de la empresa, pues se verá obligada a pagar a los socios separados el valor razonable de su participación social en un breve plazo desde su ejercicio.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de la restitución íntegra de lo abonado por aplicación de las cláusulas suelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado esta misma mañana a favor de la restitución íntegra de lo abonado en exceso por los clientes bancarios que hubiesen suscrito préstamos hipotecarios que contengan cláusulas suelo que sean declaradas nulas.

La sentencia dictada podría suponer que las entidades financieras se vean obligadas a devolver a sus clientes los importes abonados en exceso por aplicación de las cláusulas suelo durante la vida del préstamo y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, como había señalado nuestro Tribunal Supremo y como actualmente sostenían nuestros tribunales de justicia.

El TJUE, sin embargo, ha sentenciado hoy que las entidades deben devolver todo el dinero, pues la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión Europea, puesto que tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la normativa comunitaria.

El ICAC sanciona por el incumplimiento de la obligación de presentación de las cuentas anuales

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas ha publicado en el boletín 107 una interesante consulta sobre el régimen sancionador aplicable por el ICAC a una sociedad de capital por el incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y si puede ser denunciado tal incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil por parte del órgano de administración de las sociedades de capital, en el plazo establecido, tiene unas consecuencias que, en síntesis, son: por una parte, el cierre registral para la inscripción de documentos por la sociedad incumplidora (artículo 282); y por otra, la imposición de una multa, previa instrucción de expediente por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (artículo 283), pudiendo oscilar el importe de la multa desde los 1.200 a 60.000 euros.

 

No obstante la Ley contempla una excepción a la sanción de multa por importe máximo de 60.000 euros para aquellas sociedades que tuvieran un volumen de ventas superior a 6.000.000 de euros, elevándose el límite de la multa para cada año de retraso a 300.000 euros, manteniendo así el régimen agravatorio que se incluyó con la modificación del artículo 221 del TRLSA por la Ley 7/1996, de 15 de enero del comercio minorista.

 

A este respecto, en el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en sus artículos 365 a 378, se regula el proceso de presentación y depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil. En particular y en cuanto a las competencias de este Instituto, debe significarse el artículo 371.2 de dicho Reglamento en el que se establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro del segundo mes de cada año, trasladará a este Instituto las listas de las sociedades incumplidoras de la obligación de depositar sus cuentas anuales, durante el año anterior, para la incoación del correspondiente expediente sancionador. En base a la citada lista anual de sociedades incumplidoras este Instituto inicia de oficio los correspondientes expedientes sancionadores a las sociedades incluidas en dicha lista, atendiendo al procedimiento administrativo previsto a estos efectos en la normativa administrativa reguladora de esta materia, que en expedientes iniciados con anterioridad al 2 de octubre de 2016 es el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en los que se inicien a partir de dicha fecha es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

 

De acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, debe señalarse que la presentación de una denuncia, por sí sola, no confiere al denunciante la condición de interesado en el procedimiento que en su caso pueda iniciarse a raíz de la denuncia. Asimismo, hay que indicar que se comunicará al denunciante la incoación del expediente sancionador, que en su caso se inicie, únicamente cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64.1 trascrito. En este caso, hasta la fecha la normativa reguladora del depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil no establece ninguna disposición a este respecto.

 

El Tribunal Supremo anula una cláusula de un préstamo hipotecario que establecía un interés de demora del 19% por considerarla abusiva

El Tribunal Supremo anunció esta mañana que ha dictado una sentencia en la que se acuerda anular una cláusula de un préstamo hipotecario que establecía un tipo de interés de demora del 19% por considerarlo abusivo.

Nuestro Alto Tribunal señala en la noticia que ha publicado que estamos ante una cláusula predispuesta que no ha sido negociada individualmente y por tanto sujeta al control de contenido de abusividad. Para realizar ese control ha tenido en cuenta la doctrina del TJUE, según la cual, el límite legal previsto en el art. 114.3 LH no puede servir de parámetro para determinar la ausencia del carácter abusivo de una cláusula. Considera que procede extender el criterio establecido en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los intereses de demora en préstamos personales, a los intereses de demora de préstamos hipotecarios y, por tanto, fija el límite de abusividad en dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado. Por esta razón, declara el carácter abusivo de la cláusula que fija los intereses de demora del préstamo hipotecario en el 19%.

El pleno de la sala considera que la consecuencia de la declaración de abusividad de la referida cláusula es su eliminación total.

Pactos sucesorios gallegos. El TEAC unifica doctrina: No hay ganancia patrimonial en IRPF

El TEAC unifica criterio en el ámbito del IRPF respecto a las alteraciones patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de las transmisiones realizadas mediante la institución de la apartación, propia del Derecho Civil Gallego. En estos supuestos estima que no existe ganancia patrimonial sujeta a IRPF, por cuanto las características propias de este pacto sucesorio del derecho civil gallego permiten concluir que se trata de una adquisición mortis causa.
En definitiva, el TEAC asume las tesis de los Tribunales en relación con la ausencia de ganancia patrimonial en el IRPF como consecuencia de los pactos sucesorios gallegos.

La DGT se reafirma en la condición de gasto financiero deducible de los intereses de demora

Ayer, día 6 de abril de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, Resolución de 4 de abril de 2016 emitida por la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. En esta Resolución, la Dirección General, mencionando sus consultas vinculantes Nº V4080-15 y Nº V0603-16, señala que el criterio contenido en las mismas, coincidente con el de esta Resolución, es de obligado seguimiento por los órganos de aplicación de los tributos, aunque afecta solo a ejercicios en los que esté vigente la Ley 27/2014, esto es, a ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015.

 

El criterio es que los intereses de demora tributarios, en principio, son deducibles porque contablemente se califican como gastos financieros, en consonancia con la calificación del Tribunal Constitucional.

 

La DGT interpreta el artículo 15 de la Ley 27/2014, en el que se regulan los gastos no deducibles, y llega a la conclusión de que los preceptos regulados en esta norma no son aplicables a los intereses de demora, especialmente el criterio que se establece respecto de la letra f), para considerar que un gasto no es deducible si procede “de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”: el propio gasto tiene que ser ilícito, como un soborno, no puede atribuirse la ilicitud a la mera existencia de defectos formales; estos son gastos que, precisamente, impone el ordenamiento jurídico. Si no se permitiera la deducibilidad y la conducta del obligado tributario fuera sancionable, se incumpliría el principio de “non bis in ídem”.

 

En esta argumentación se recuerda la Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016, por la que se desarrollan las normas de contabilización del Impuesto sobre Sociedades, en la que se señala que los intereses de demora del ejercicio en curso se contabilizan en la partida de “Gastos financieros”, los intereses de ejercicios anteriores se contabilizan mediante cargo a Reservas cuando, habiendo procedido provisionarlos en ejercicios anteriores, no se hubiera hecho. No obstante, si el reconocimiento se realiza por información adicional, mayor experiencia o conocimiento de nuevos hechos, se cargará en cuentas del subgrupo 66 (gastos financieros), lo cual puede tener mucha incidencia en la deducibilidad de los intereses.

 

En consonancia con la interpretación que la DGT hace en esta Resolución, y dado el carácter financiero de los intereses de demora, estos estarán sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el artículo 16 de la Ley 27/2014. Hay que tener en cuenta la regla de imputación temporal del artículo 11.3 de la LIS, que puesta en relación con esta Resolución, dispone que los gastos registrados en el ejercicio en la cuenta de PyG, son deducibles con los límites del art. 16 de la LIS. Asimismo, los gastos registrados en una cuenta de reservas por corresponder a un error contable, serán deducibles en el período impositivo en que se registren contablemente con cargo a reservas, siempre que de ello no derive una tributación inferior, y se someten al límite previsto en el artículo 16 de la LIS conjuntamente con el resto de gasto financieros.

 

Para finalizar, los intereses de demora satisfechos por la Administración al contribuyente tienen la consideración de ingresos financieros, y se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.