Otra vuelta de tuerca a los intereses de demora

La Agencia Tributaria acaba de publicar en su página web una Nota aclaratoria al Informe sobre la deducibilidad de los intereses de demora a la que nos referimos recientemente. En dicho Informe la AEAT consideraba que los intereses de demora derivados de liquidaciones de la Administración tributaria no son deducibles, sin más matización que la de entender que sí lo son los correspondientes al período de suspensión de una liquidación recurrida cuando la pretensión del contribuyente es desestimada o cuando se estima solo en parte.

Sin embargo, el informe parecía negar la deducibilidad de los intereses de demora de las liquidaciones correspondientes a 2015 y siguientes, en los que ya estaba vigente la Ley 27/2015, norma diferente a la que se refiere la Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 cuyo criterio está obligada a seguir la AEAT.

Ahora, al circunscribirse el ámbito temporal del Informe a los ejercicios en los que está vigente el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004 y la Ley 43/1995, parece que los órganos de aplicación de los tributos tendrán que aplicar el criterio de la consulta DGT V4080-15 que, con la nueva ley del Impuesto, y con ciertas matizaciones como las referidas a intereses de períodos prescritos, admitía la deducibilidad de los intereses de demora.

 

La Xunta amplía a 30.000 euros el límite para aplazar o fraccionar el pago de impuestos sin presentar garantía

La Xunta de Galicia amplía desde el día 19 de marzo de 2016 a 30.000 euros el límite para que los contribuyentes puedan solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de un impuesto sin tener que presentar garantía en la Agencia Tributaria de Galicia, con independencia de que se encuentre en período voluntario o ejecutivo de pago.

La Consellería de Facenda acaba de aprobar una orden que permite ampliar el límite hasta los 30.000 euros, puesto que hasta ahora la Administración venía solicitando un aval para aquellas deudas superiores a los 18.000 euros. La orden aparece publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia, y entrará mañana en vigor.

Este cambio afectará a todas las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria de Galicia. Esto incluye los tributos propios, las tasas y todos los ingresos de derecho público no tributarios: multas, sanciones o reintegro de subvenciones.

De manera complementaria, la Administración central (a través del Ministerio de Hacienda) aprobó también un cambio de características similares para los tributos cedidos, lo que permite ampliar este límite también a los impuestos cedidos que gestiona la Comunidad Autónoma, como el de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones.

Por lo que se refiere a la determinación de la cuantía, en el momento de la solicitud se acumularán todas las deudas, aquellas a las que se refiere la propia solicitud y cualquier otra para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

La Agencia Tributaria ha emitido un informe sobre la deducibilidad de los intereses de demora

La Dirección General de Tributos afirmaba en una consulta vinculante reciente (V4080-15, de 21 de diciembre) que los intereses de demora derivados de actas de inspección eran deducibles, en contra del criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, que había resuelto anteriormente la no deducibilidad (Resolución de fecha 7-5-2015).

La Agencia Tributaria ha emitido un informe para fijar el criterio que aplicará en las actuaciones de comprobación, ante el diferente juicio de los dos órganos citados, la DGT y el TEAC, al tiempo que advierte de la extensión del criterio a los intereses de demora derivados de liquidaciones administrativas originadas en los procedimientos de comprobación

La Agencia Tributaria concluye que no son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades los intereses de demora de carácter indemnizatorio procedentes de liquidaciones derivadas de procedimientos de comprobación.

En el informe se considera que son deducibles los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, equiparándose a los aplazamientos.

Para finalizar, en aquellos casos en los que sea necesario practicar una nueva liquidación, en virtud del artículo 26.5 de la Ley General Tributaria, y hubiera mediado suspensión, los intereses de demora liquidados sobre la nueva cuota no serán deducibles desde que se produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce la primera liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento. Los intereses devengados a partir de ese momento si serían deducibles.

Es posible que la discrepancia no acabe aquí, porque el informe no tiene en cuenta que la resolución del TEAC se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2010 que reitera el criterio de otra sentencia de 24 de octubre de 1998. Esta última sentencia se fundamentaba en el carácter necesario del gasto la razón para considerar no deducibles los intereses de demora, pero con referencia a una declaración a la que se aplicaba la Ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades.

Es muy sorprendente que la DGT interprete de manera razonable el nuevo supuesto de gastos no deducibles del artículo 15.f de la Ley 27/2014, gastos contrarios al ordenamiento jurídico, en el sentido de que estos intereses de demora no son gastos contrarios al ordenamiento jurídico, “sino todo lo contrario, son gastos que vienen impuestos por el mismo”.

El Tribunal Económico Administrativo Central unifica criterio sobre la motivación de las resoluciones relativas a la culpabilidad del presunto infractor

La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 07036/2015/00/00 de fecha 18 de febrero de 2016 ha unificado criterio en el sentido de que la utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad”, no supone una motivación suficiente en lo que se refiere al elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora. El TEAC entiende que se trata de una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor. La Administración ha de probar, además del elemento objetivo, el subjetivo, la culpabilidad, ya sea a título de dolo o de simple negligencia, porque no es suficiente con que se cumplan los elementos objetivos de la infracción (por ejemplo dejar de ingresar) para que pueda considerarse que existe culpabilidad. El TEAC afirma que cualquier análisis de la motivación debe hacerse desde la posición de la salvaguarda del principio de presunción de inocencia, no pudiendo admitirse interpretaciones contrarias a él.
En la Resolución dictada se impide a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador una vez anulada una sanción por resolución o sentencia por falta de motivación.

El Tribunal Supremo reafirma las ventajas fiscales de la empresa familiar

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se ha pronunciado, en una sentencia dictada el 18 de enero de 2016, sobre una cuestión controvertida en el ámbito de la reducción aplicada a la empresa familiar en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como lo es el ejercicio de las funciones de dirección. La discrepancia se centra en la condición de jefe de personal de la persona que desarrollaba las funciones de dirección.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Asturias desestimó el recurso interpuesto por el contribuyente contra la resolución del TEARA “porque el cargo de consejero es gratuito, y porque las retribuciones que percibe no son por funciones de dirección, sino por su relación laboral con la empresa”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se reitera en su criterio, y afirma que la reducción discutida “debe aplicarse cuando pueda entenderse materialmente cumplido el requisito legal controvertido, sin que deban excluirse los supuestos en los que los estatutos societarios prevén la gratuidad de los cargos de administración de la sociedad si queda demostrada la existencia de una relación laboral entre el sujeto que ejerce efectivamente funciones directivas y la sociedad”. El Alto Tribunal hace referencia a varias consultas vinculantes formuladas a la DGT (V1335-13, V1155-14 y V3085-14), en las que se establece el mismo criterio: cualquiera que sea la denominación empleada para calificar las funciones desempeñadas por el sujeto en la entidad mercantil, lo realmente decisivo es que tales funciones impliquen la administración, gestión, dirección, coordinación y funcionamiento de la correspondiente organización.

El Tribunal Supremo reconoce que las herencias en Galicia de pactos sucesorios entre vivos no tributan como ganancia patrimonial

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un contribuyente gallego que se había acogido a la modalidad prevista en el Derecho Civil de Galicia para transmitirle en vida a sus herederos la legítima que les correspondería reconociendo  su derecho a no tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como ganancia patrimonial por la herencia recibida mediante pacto sucesorio entre vivos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le había dado antes la razón, pero la Agencia Tributaria recurrió en casación ante el Supremo.

El fallo aclara que «los pactos sucesorios de mejora del Derecho Civil de Galicia no tributan en el IRPF de las personas que hacen la disposición patrimonial, como hasta ahora consideraban tanto la Administración Tributaria como la Administración del Estado, desconociendo el inequívoco sentido de los preceptos del Derecho civil gallego».

Esta sentencia supone que se cierren los conflictos tributarios generados por la equivocada calificación de los pactos sucesorios llevada a cabo por la Administración Tributaria que conducía a los contribuyentes gallegos a una indebida tributación de sus herencias en el IRPF.

Por otra parte, recuerda que «el apartamiento y la mejora» están regulados en la Ley de Derecho Civil de Galicia. El primero permite acordar la adjudicación en vida de bienes de la herencia a quien, en el momento de celebración del pacto, tuviese la condición de heredero forzoso a cambio de que éste renuncie, de manera irrevocable, a esa condición. Con el pacto de mejora, pueden adjudicarse bienes concretos a un descendiente».

Deducibilidad de los intereses de demora liquidados en actas de inspección

La Dirección General de Tributos, bajo la ley 27/2014 que regula en la actualidad el Impuesto sobre Sociedades, entiende que los intereses de demora tienen carácter financiero y, por ello, son deducibles con los límites de los gastos financieros netos (30% del beneficio operativo del ejercicio y, como mínimo, 1 millón de euros). Nos parece muy interesante que se descarte la aplicación de la no deducibilidad por la letra f) del artículo 15 “gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, al considerar que para aplicar esta exclusión (y este criterio es válido para otro tipo de gastos) es preciso que la realización del propio gasto esté castigada por el ordenamiento jurídico. No obstante, hay que advertir que se matiza que los intereses de demora del ejercicio son deducibles con los límites mencionados pero, respecto a los de ejercicios anteriores, como gastos contabilizados en ejercicio posterior al de devengo, les será de aplicación el artículo 11.3 que impide su deducibilidad si por esta distinta imputación se deriva una tributación inferior. A este respecto debemos recordar que la Administración tributaria interpreta que existe inferior tributación si el gasto deducido con posterioridad se devengó en ejercicio prescrito.

El Tribunal Supremo confirma la exención del IBI de un local arrendado por una fundación a un banco

 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de La Coruña que pretendía cobrar el IBI por un local arrendado por la Fundación Barrié al Banco Pastor y ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de anular las liquidaciones por dicho impuesto de los ejercicios 2011 y 2012.

 

Nuestro Alto Tribunal fundamenta dicha decisión en que el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, dispone que estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, sostiene que el arrendamiento de inmuebles no tiene la consideración de explotación económica, no resultando relevante la actividad que un tercero desarrolle en los inmuebles arrendados por la Fundación, sólo estando obligada al pago cuando en ellos realice por cuenta propia una actividad económica no exenta del impuesto sobre sociedades.

La justicia europea considera que el “tax lease” del sector naval no es una ayuda estatal ilegal

El Tribunal General de la Unión Europea ha comunicado que ha dictado una sentencia en la que anula la Decisión de la Comisión en virtud de la cual se consideraba que el Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SAFE), más conocido como tax lease, como una ayuda estatal ilegal.

 

Según las últimas informaciones aparecidas en la prensa, el fallo se fundamenta en el hecho de que las Agrupaciones de Interés Económico que se utilizaban en estas estructuras de inversión no resultaron beneficiadas de las ventajas económicas y fiscales sino que la ventaja recaía sobre los inversores y que dichas ventajas podían haberse obtenido en idénticas condiciones por cualquier otro operador sujeto al impuesto en España, sin distinción alguna. Por lo tanto, se concluye que no se ha tratado de una ventaja selectiva y no se estaba distorsionando la competencia.

 

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda podrá paralizar el procedimiento de recuperación de las ventajas fiscales obtenidas por parte de los inversores.

La declaración de concurso de acreedores no impide por sí sola el aplazamiento de las deudas tributarias

El Tribunal Supremo ha dictado en fecha 13 de octubre de 2015 una sentencia estimando el recurso de una empresa contra la decisión de la Agencia Tributaria de denegarle el aplazamiento del pago del IVA motivada por la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que se habían evidenciado por su declaración en concurso voluntario de acreedores, hecho que, según la AEAT, le impediría hacer frente a los pagos derivados del aplazamiento.

La recurrente alegó que, a pesar de haber sido declarada en concurso de acreedores, las dificultades de tesorería eran transitorias, lo que se evidenciaba por el hecho de que se hubiese sido suscrito un convenio por una amplia mayoría de los acreedores, que su activo fuese superior a su pasivo o que había prestado garantía.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha señalado en dicha sentencia que el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria de 2003 autoriza el aplazamiento del pago de tributos, previa solicitud del obligado tributario, siempre que su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuarlo en los plazos establecidos, siendo, por lo tanto, un derecho del contribuyente siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador y no una potestad discrecional de la Administración.

Nuestro Alto Tribunal ha estimado el recurso fundamentando su sentencia en el hecho de que la denegación del aplazamiento se sustentase única y exclusivamente en la declaración de concurso de acreedores, a pesar de que dicha circunstancia no supone de ningún modo que la insolvencia de la empresa sea de carácter estructural, sino todo lo contrario, pues “un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación transitoria llamada a ser superada”.