Los programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el día 23 de diciembre de 2010, introdujo en nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha supuesto que éstas sean sujetos susceptibles de cometer delitos y de ser por ello sancionadas con las correspondientes penas.

 

Los delitos concretos de los que la sociedad puede responder están expresamente determinados en el Código Penal, encontrándose entre los más habituales los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra la intimidad y allanamiento informático, el blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, el cohecho o el tráfico de influencias. Por su parte, las penas que pueden imponerse por la comisión de los citados delitos son, entre otras, la disolución de la persona jurídica, la suspensión temporal de su actividad, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, la inhabilitación para contratar con el sector público, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o la imposición de multas.

 

Pues bien, en relación con lo anterior, el pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal, la cual entró en vigor el pasado día 1 de julio y, entre sus principales novedades, se encuentra una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la que la implantación por la empresa de un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos ‑comúnmente denominados compliance– puede servir, si se cumplen ciertos requisitos, para que la sociedad quede eximida de responsabilidad.

 

De este modo, a partir del día 1 de julio, con la entrada en vigor de la reforma, si la sociedad adopta e implementa, en la forma exigida, un programa de prevención, el efecto eximente se extenderá a cualquier posible supuesto de responsabilidad de la persona jurídica, incluidos tanto los delitos cometidos por los administradores y representantes legales de la sociedad como los cometidos por sus empleados.

 

Para que la sociedad quede exenta de responsabilidad ésta habrá de cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Que se adopten y ejecuten de forma eficaz antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión idóneos para prevenir delitos como el cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

  • Que se cree un órgano para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención con poderes autónomos de iniciativa y de control dentro de la empresa. En las personas jurídicas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada estas funciones de supervisión podrán ser asumidas por el órgano de administración.

 

  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.

 

  • Que haya existido la diligencia debida por parte del organismo para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención.

 

A su vez los modelos de organización y gestión, es decir, el programa de prevención penal, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan cometerse los delitos que deben ser prevenidos.

 

  • Establecer protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a dichos delitos.

 

  • Disponer de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos

 

  • Establecer la obligación de informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilancia.

 

  • Crear un sistema disciplinario para prevenir y sancionar el incumplimiento de sus reglas.

 

  • Contemplar la realización de una verificación periódica del programa.

 

Como conclusión a lo expuesto, cabe realizar las siguientes recomendaciones:

 

  • En el caso de que la sociedad no haya adoptado y ejecutado hasta el momento un programa de prevención de delitos, es recomendable la elaboración del mismo, adaptándolo a la estructura y tamaño de la sociedad así como al sector en el que desarrolla su actividad social.

 

  • En el supuesto de sociedades que ya cuenten con un programa, será preciso revisarlo para comprobar que se adapte a las exigencias de la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal.

 

  • Debe verificarse que la sociedad cumple otras normativas de prevención que pueden tener especial trascendencia en materia penal como es la prevención de riesgos laborales o, en el caso de que sea aplicable, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 

Por lo tanto, la aprobación e implantación del programa resulta fundamental para que la sociedad y sus administradores puedan quedar eximidos de responsabilidad por ciertos delitos que puedan cometerse en el seno de la empresa.

 

En este sentido, estamos a vuestra disposición para asesoraros convenientemente en esta materia y, en su caso, colaborar con vosotros en la confección y puesta en marcha del correspondiente programa.

Los intereses de demora tributarios no son gasto deducible en el IS

El TEAC se ha pronunciado recientemente sobre la no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora derivados de un acta de inspección. Según indica el propio TEAC, esta postura no constituye un cambio de criterio, pues este ya se modificó en una resolución anterior, de fecha 23 de noviembre de 2010, RG 2263/2009, cambio de criterio que estuvo motivado por aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con anterioridad a dicha fecha, el Tribunal Central venía admitiendo de forma pacífica la deducibilidad de los intereses de demora derivados de las actas de inspección y, en prueba de ello, tenemos una reiterada doctrina al efecto, sobre todo del año 2006.

(RTEAC de 7 de mayo de 2015, RG 1967/2012)

Existe obligación de retener aunque la retención no figure en la factura

Entre los requisitos que debe reunir una factura no se encuentra la obligación de incluir en la misma la retención a cuenta del IRPF, en los casos en que esta deba practicarse. Ahora bien, tampoco existe impedimento alguno para su inclusión en la factura de dicha retención a cuenta. No obstante, que la retención no se incluya en la factura no supone que el pagador de la misma no esté obligado a practicarla cuando exista la obligación de retener, dado que los actos de retención tributaria corresponde realizarlos a quién satisface o abona los rendimientos.

(DGT  CV1314-15, de 29/04/2015)

 

Los autónomos que trabajan en casa pueden deducirse la parte proporcional de los gastos de suministros

Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un supuesto en el que la Administración  admitió como gasto la parte proporcional de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda (IBI, comunidad de propietarios, etc…),  pero no los gastos de suministros, al entender que los mismos no se destinan exclusivamente al ejercicio de la actividad. Pues bien, el Tribunal falla a favor del contribuyente y considera que dado que se  admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, lo lógico es admitir la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica.

(STSJM de 10 de marzo de 2015)

Las indemnizaciones de los altos directivos no están exentas en el IRPF

Así lo ha manifestado, nuevamente, la DGT en contestación a una consulta vinculante en la que se preguntaba por la aplicación de la exención a este tipo de indemnizaciones, tras la sentencia del TS de 22 de abril de 2014. El TS en dicha sentencia reconoce el derecho a una indemnización de 7 de días de salario por año trabajado en un supuesto en el que se había pactado que no había derecho a la indemnización. Entiende el Tribunal la improcedencia de este tipo de cláusulas contractuales, pues el Real Decreto 1382/1985, que regula la relación laboral de carácter especial, establece, en los casos de ausencia de pacto, la aplicación subsidiaria de una indemnización de 7 días por año de servicio. Luego, no admite el Alto Tribunal, que se pacte en el contrato la eliminación de la indemnización, aunque reconoce la posibilidad de pactar una indemnización diferente a la regulada en la norma.

En base a lo anterior, la DGT considera que al no tener la indemnización carácter obligatorio, puesto que la norma es de aplicación subsidiaria, no puede acogerse a la exención prevista en el art. 7 de la Ley.

(DGT, CV 1965-15, de 23/06/2015)

Los profesionales no podrán deducirse los gastos del vehículo si no es de uso exclusivo de la actividad

A efectos de IVA, el vehículo se presume afecto al 50 por ciento a la actividad, por lo que las cuotas de IVA soportadas por la adquisición del vehículo podrán deducirse en dicho porcentaje, siendo necesario que el profesional tenga la factura original emitida a su favor. En cuanto al IRPF, dado que el uso del vehículo no es exclusivo para usos relacionados con la actividad profesional (puesto que se usa también como vehículo privado), no tendrá la consideración de elemento afecto a la actividad económica, y no serán deducibles ni las amortizaciones del préstamo ni los gastos derivados de su utilización para la obtención del rendimiento neto.

(DGT, CV1313-15, de 29 de abril de 2015)